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C O R R E O   I L U S T R A D O
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México D.F. Lunes 8 de septiembre de 2003

 
Educación para todos, frágil sueño y esperanza

Señora directora: Los estudiantes de Mactumactzá son herederos del ahora frágil sueño y esperanza de una educación para todos, especialmente para los pobres del campo. Los funcionarios del gobierno de Chiapas y los represores policiacos en la ciudad de México son los encargados de decapitar aquella lejana idea del cardenismo. Con ellos, ¿cuál esperanza?

Hugo Aboites, UAM-X

PS. Gracias a los jóvenes del estado de México, a Guillermo Sologuren y a La Jornada por habernos dado el jueves 4, en primera plana, una de las más extraordinarias imágenes de los jóvenes que luchan por vivir y estudiar.


Defensores de derechos humanos del STUNAM, contra acoso a reportero

Señora directora: Los defensores de derechos humanos del STUNAM reprobamos el acto de dos funcionarios de la AFI, de investigar las fuentes de Gustavo Castillo García, reportero de La Jornada.

Esperamos que las declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, en el sentido de sancionar a los responsables, sea ejemplar para que no se repitan estos actos y se norme al respecto en beneficio de la libertad de expresión.

Promotores y defensores de derechos humanos del STUNAM: Francisco Castro, Adrián Pedrozo, Alicia Andrade, Mariano Flores y varias firmas más

Exige justicia, a 35 años de la desaparición de su hermano

Señora directora: Le agradecería la publicación de estas líneas en El Correo Ilustrado.

Era la mañana del 8 de septiembre de 1978, Juan Chávez Hoyos retornaba a la casa del estudiante poblano después de la jornada de trabajo nocturna; por la tarde asistiría a sus clases en el CCH Vallejo, como de costumbre. Esa vez no sería así. Una cuadra antes de llegar a su domicilio ya lo esperaban en un carro agentes de la Brigada Blanca, dirigida por Nazar Haro.

Esto lo sabríamos después por el compañero Rufino Guzmán, quien desapareció el 5 de septiembre de ese mismo año. Aseguró que estuvieron en una de las cárceles clandestinas del Campo Militar número uno en la ciudad de México, después de ser sometidos a una serie de torturas físicas y sicológicas.

Esto era uno más del clásico secuestro, cobarde e inconfundible práctica del entonces gobierno de López Portillo, que transgredía las garantías individuales más elementales.

Hoy se cumplen 25 años. Sus amigos y familiares, unidos en el Comité Eureka, exigimos la libertad de todos los desaparecidos políticos.

Los mexicanos no debemos permitir que quede en la impunidad este vergonzoso episodio de nuestra historia. Exigimos justicia al gobierno de Vicente Fox. Ignorar esta petición lo hace cómplice de estos agravios de lesa humanidad.

Pedimos juicio y castigo para los culpables. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Priscila Chávez Hoyos y compañeros de Juan


Cuestiona posible extradición de Llona Olalde

Señora directora: Con gran pena leímos la nota acerca de la torpe decisión del juez Ranulfo Castillo de darle luz verde al proceso de extradición al ciudadano mexicano de orígen vasco Lorenzo Llona Olalde.

Los miembros de la International Basque Organization for Human Rights lamentamos tal decisión y nos preguntamos si en México los funcionarios públicos se han olvidado de que es un país independiente y soberano, que la guerra sucia y la vendetta personal de herederos del rancio fascismo europeo no tienen lugar en la sociedad mexicana.

Por si fuera poco, el subprocurador jurídico, Alejandro Ramos Flores, se atreve a decir que las pruebas de descargo en favor del acusado se analizarán en el proceso que se le siga en España, cuando el acusado es ciudadano mexicano y no tiene por qué ser procesado en España.

El acusado se encontraba en México cuando sucedió el hecho por el que se le acusa, de lo que hay prueba fehaciente en documentos emitidos por las propias autoridades federales mexicanas.

Si el señor Ramos Flores se quiere poner una venda en los ojos, allá él; alrededor del mundo muchas personas estamos conscientes de que a personas como Llona Olalde o a los otros seis vascos detenidos les espera tortura, cargos prefabricados, prisión preventiva por un periodo de cinco años sin que se presenten dichos cargos y otra serie de lindezas de un régimen que es digno sucesor de la Santa Inquisición.

Alejandro Eguía-Lis. International Basque Organization for Human Rights Human Rights Committee, http://www.euskojustice.org/


La CNDH no se opone a que la PGR investigue en Ciudad Juárez

Señora directora: Una vez más la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, comete la imprudencia de hacer declaraciones irreflexivas, esta vez porque supone que la CNDH rechaza las investigaciones de la PGR en los casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (que en absoluto corresponde a la postura de esta comisión nacional). La señora Espinosa levantó un edificio de suposiciones sin sentido, por lo mismo nos permitimos precisar que los señalamientos hechos por el ombudsman, consignados en La Jornada del 4 de septiembre (a los que la señora Espinosa se refiere) se enfocaron, a pregunta de su entrevistador, a insistir en que la facultad de atracción jurídica no equivale a una panacea, por lo tanto no está en tal decisión -en la atracción o no- el arreglo de los casos, sino en la profundidad y resultados de las investigaciones.

Por lo demás, la facultad de atracción exige que se den los supuestos que la ley establece; no es, pues, un hecho voluntario que dependa de quererlo o no, como equivocadamente lo entendió la señora Espinosa.

Es lamentable que desde un puesto con responsabilidad de servicio público, la señora Espinosa desconozca información básica sobre asuntos acerca de los cuales también se permite opinar con ligereza, lanzando ataques insostenibles contra agrupaciones civiles y anteponiendo sus inclinaciones y preferencias de carácter ideológico a la cabal comprensión de sus funciones.

Esta es, por lo demás, la tercera ocasión que, en el ánimo de entender y atender institucionalmente sus reclamos, se le aclara a la señora Espinosa que esta comisión nacional es un órgano público autónomo, no una dependencia del gobierno.

Miguel Angel Paredes Ramos, director de Información


Sobre solicitud de financiamiento de la FMOPDH a la CE

Señora directora: En atención a que se hicieron señalamientos sobre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), maestro Emilio Alvarez Icaza L., le solicitamos atentamente publicar esta carta en relación con el desplegado firmado por representantes de organismos públicos de derechos humanos, que apareció el pasado 2 de septiembre.

Por mandato estatutario, las acciones de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) están encaminadas a fortalecer los principios de autonomía, independencia y autoridad moral de los organismos públicos de derechos humanos en México, entre otros aspectos. Desde principios de 2002, el comité directivo de la FMOPDH impulsó ante la Comisión Europea (CE) el proyecto Fortalecimiento institucional de los organismos públicos de derechos humanos.

Los beneficiarios serían los ciudadanos de todo el país.

En septiembre de 2002, el comité directivo de la FMOPDH y la propia CNDH aprobaron el proyecto y los contenidos de la solicitud de subvención que ahora critican. En la asamblea ordinaria de los días 7 y 8 de noviembre de 2002 se aprobó por 17 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones dar seguimiento a la solicitud de financiamiento y suscribir el convenio con la CE.

La CE evaluó positivamente el proyecto que presentó la FMOPDH. De un total de 530 solicitudes de financiamiento en el ámbito mundial, la CE seleccionó 66 en esta categoría, uno de los cuales fue el presentado por la FMOPDH. El financiamiento otorgado por la CE ascendía a 640 mil euros.

En mayo de 2003, el embajador Nigel Evans, jefe de la delegación de la Unión Europea en México, y el presidente de la FMOPDH, Juan Alarcón González, firmaron el contrato ante 20 titulares y representantes de organismos públicos de derechos humanos.

Cuando la CE ya había entregado parte de los recursos, en una asamblea extraordinaria del 1º de julio, a propuesta de la CNDH se modificó el orden del día; el proyecto fue nuevamente sometido a votación y rechazado por la mayoría.

Una de las objeciones de algunas comisiones estatales y la CNDH se refiere a las consecuencias de un eventual incumplimiento y el compromiso de sujetarse a la legislación y tribunales belgas. Las reglas para este tipo de apoyo son ampliamente conocidas por quienes han sido beneficiarios de financiamiento, como el gobierno mexicano y la CNDH, entre otros. Por ello sorprende ese cuestionamiento, en particular de la CNDH, la cual presentó solicitudes de apoyo al mismo programa de la CE, bajo las mismas normas.

Rechazamos tajantemente que para lograr la aprobación del proyecto se haya incurrido en "omisiones y francas mentiras".

La CDHDF presentó informes de ingresos anuales de los últimos tres años para cumplir con un requisito de la solicitud de subvención, con conocimiento de la FMOPDH y de la CE, en virtud de que la federación se constituyó como asociación civil en febrero de 2002 y no contaba con registros financieros anteriores a esta fecha, que respondieran a esta figura jurídica.

Además la CE solicitó expresamente proceder de esa manera, ante la falta de información sobre las finanzas de la federación en los años anteriores.

Irma Rosa Martínez Arellano, directora general de Comunicación Social de la CDHDF


No han llegado recursos del año pasado para investigación, acusa

Señora directora: Le solicito incluya en El Correo Ilustrado la presente carta, la cual también fue enviada al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

El 17 de agosto de este año, Daniela Pastrana presentó en Masiosare, bajo el título "Los números de la ignorancia", una serie de datos generados en fuentes nacionales e internacionales, públicas y privadas, que manifiestan sin duda la urgente necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la educación, incluyendo el apoyo a la ciencia y la tecnología, si se pretende verdaderamente el desarrollo de México.

En octubre del año pasado, a través de esta misma sección, presenté el documento que dirigí al secretario de Educación Pública en representación del grupo de investigadores que participamos en un proyecto interinstitucional relacionado con el establecimiento de los recursos bióticos para la producción de un antitumoral, en la que expresamos nuestra preocupación por la serie de acciones que consideramos irregulares y a las que nos hemos enfrentado en el supuesto asignamiento de recursos para este proyecto, vía SEP-CoSNET.

La SHCP ha emitido una normatividad (ver oficio SEP-SAG/937/03 del 10 de junio 2003), causal en gran parte de acciones tales como: aprobación del proyecto con 54 por ciento de lo solicitado, con distribución presupuestal no solicitada y exigencia de facturas por adelantado. Hasta el 2 de septiembre del 2003, casi 11 meses después de la firma del convenio, el Instituto Tecnológico de Veracruz, al que estoy adscrita, no ha recibido el financiamiento para este proyecto ni para todos los demás aprobados a diferentes profesores(as).

La periodista Daniela Pastrana en su trabajo asienta que para el presente año el gasto para ciencia y tecnología, que más bien debería considerarse inversión, representa 20 por ciento menos que el año anterior (2002). A través de estas líneas, Daniela conocerá que con inversiones por debajo de lo requerido y debido a políticas establecidas, ese presupuesto (2002) no ha llegado a nuestras instituciones.

Debo suponer que el señor Gil Díaz tiene conocimiento del efecto negativo que ha significado para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica la normatividad en el ejercicio presupuestal aplicada por la SHCP. ¿Hasta cuándo más se tendrá que esperar la entrega del fondo 2002? ¿Hasta cuándo se dará un apoyo real (suficiente y oportuno) a la ciencia y la tecnología en México?

Dulce Barradas Dermitz, Instituto Tecnológico de Veracruz, área químico biológica


Denuncia malos manejos en sección 28 del sindicato del IMSS

Señora directora: El 2 de agosto pasado nos manifestamos en contra de la ilegal destitución de seis miembros del comité ejecutivo de la sección 28 del IMSS, aplicada por la Comisión de Honor y Justicia sin tener facultades estatutarias para ello. Afuera del edificio sindical rechazamos la imposición de la C. Gloria Contreras en el inexistente cargo de "encargada" de la secretaría general y protestamos por el mal manejo de las cuotas sindicales, demostrado mediante una auditoría interna.

Sin embargo, a través de maniobras jurídicas, Gloria Contreras Miranda, con el respaldo de Roberto Andraca González (secretario general de la sección 34 del DF y secretario de Conflictos del CEN); del doctor Arturo Varela, integrante del CEN, y de funcionarios gubernamentales, consiguió la intervención de cientos de policías de la PGR y ministeriales del estado de Oaxaca -todos fuertemente armados- para reprimir e intimidar a los trabajadores inconformes.

El doctor Mauro Gómez Canseco fue detenido y dejado en libertad el día siguiente, bajo las condiciones de no difundir esos actos de represión a los trabajadores, no volver a manifestarnos afuera del edificio sindical y aceptar las destituciones. Lo más grave de todo es que la señora Contreras Miranda se presenta con una careta democrática dentro del frente de sindicatos y organizaciones democráticas de Oaxaca, con un discurso supuestamente combativo, pero en el sindicato actúa con una práctica antidemocrática.

En ese sentido manifestamos a todos los sindicalistas del país y al pueblo de México que continuaremos la lucha por la democratización de nuestra vida sindical, repudiando la política económica y laboral de nuestro gobierno en turno. Asimismo hacemos responsable a Gloria Contreras de cualquier agresión física o laboral contra cualquiera de los trabajadores de la sección 28 de Oaxaca que se han manifestado contrarios a su práctica represiva, autoritaria y a malos manejos de las cuotas sindicales.

Oscar Martínez García, trabajador de base del IMSS


Manifiestan dudas en asignación de becas del Fonca

Señora directora: Le agradecemos un espacio en El Correo Ilustrado para exponer un posible fraude en la asignación de becas del Fonca.

Señora Sari Bermúdez, el quehacer cultural es un bien al que hay que proteger, no se puede descuidar. Somos narradores orales con una amplia trayectoria. Esto viene a colación porque estamos sorprendidos por el resultado del programa de becas que otorga el Fonca, en el rubro de intérpretes para narradores orales. Desglosamos nuestra denuncia:

1. Para la evaluación del proyecto se nos pidió destacar nuestra trayectoria artística y que ésta fuera de acuerdo con el trabajo a desarrollar. Los firmantes vivimos de nuestra actividad profesional como narradores orales, algunos hasta con 15 años de experiencia. Sin embargo, las becas se otorgaron a Eva Calderón de la Barca, Liliana Pedroza y Francisco de la Lama, cuya trayectoria no se conoce o es difusa en el medio artístico. Una beca es un reconocimiento; de esto se olvidó el Fonca, ¿o fue inducido para olvidarlo?

2. Casualmente, los tres beneficiarios pertenecen y son "leales" a la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral Escénica, que dirige el cubano Francisco Garzón Céspedes, que tiene como director adjunto al mexicano Armando Trejo. El nombre de narración oral escénica es una marca registrada, como Coca Cola o como Mc Donald's. Nadie puede hacer uso del nombre si no está avalado por la dicha cátedra. Si la CNCA hace una convocatoria para "narradores orales escénicos" -de manera automática y perversa- los que no formamos parte de dicha corriente estamos excluidos. ¿Acaso influyó la cátedra en el resultado de las becas? En México hay otros estilos de narrar y contar cuentos. La diversidad enriquece las artes escénicas.

3. Hemos investigado que los tres narradores beneficiados participan fundamentalmente en los pocos eventos de esta cátedra (en la Muestra Internacional de Narración Oral Escénica). Pertenecen a la cátedra, un proyecto marginal y excluyente que se ha desligado del movimiento nacional de narración oral. ¿El Fonca y el jurado también cayeron en actitudes excluyentes y su decisión fue facciosa? ¿El jurado fue sorprendido o recibió línea?

4. A ello hay que agregar que, con base en lo que publicó el Fonca, en la comisión dictaminadora del jurado calificador de las propuestas de "narración oral escénica" no figura ningún narrador oral, aunque sí reconocemos su trayectoria artística. Nos acabamos de enterar que fueron Astrid Haddad, Luisa Huerta y Angelina Peláez quienes calificaron. ¿Realmente ellas recibieron nuestros proyectos?

Sin más por el momento, esperamos que se investigue este asunto. El silencio no es una respuesta, Sari Bermúdez, usted tiene la palabra.

Alma Rosa Rivera, Jermán Argueta y Marco Antonio Vázquez


La resolución del TEDF premia sin fundamento al PRD, considera

Señora directora: La resolución por medio de la cual el TEDF otorgó cuatro diputados de representación proporcional al PRD, dotándolo con ello de una representación excesiva, ha sido un auténtico paso atrás en la evolución reciente del sistema electoral mexicano.

Sobre la base de una extraña interpretación de un código electoral mal hecho, plagado de errores y lagunas, la mayoría de los magistrados de ese tribunal ha aplicado una verdadera cláusula de "supergobernabilidad", premiando al partido mayoritario, que con 43 por ciento ya había obtenido 37 de 40 diputaciones de mayoría (56 por ciento de la ALDF), castigando de manera inaudita al conjunto de los partidos de oposición, alejándose con ello de lo avanzado en las últimas dos décadas de desarrollo de nuestro sistema electoral mixto, que combina los principios de mayoría y representación proporcional.

El artículo del magistrado Raciel Garrido, publicado en dos entregas los días 18 y 19 de agosto, muestra con toda claridad la endeblez de los argumentos que dieron lugar a dicha resolución. Ya el consejero Eduardo Huchim ha criticado con detalle algunos de ellos, por lo que solamente me concentraré en un aspecto fundamental. El magistrado Garrido afirma que "el examen de la sobrerrepresentación en un sistema mixto debe partir de una premisa fundamental, a saber: que nada ni nadie puede arrogarse la facultad de hacer nugatorio el derecho del partido político mayoritario a contar con diputados de representación proporcional hasta el límite máximo que la ley establece (63 por ciento, que equivale a 41 diputados)". Lo que en el Estatuto de Gobierno es un límite máximo, al que el partido mayoritario puede llegar o no dependiendo de su votación, el magistrado Garrido lo convierte en un mecanismo que obliga inevitablemente a asignarle diputados de representación proporcional a ese partido para que llegue a dicho límite.

El magistrado Garrido es plenamente consciente de que su interpretación es débil, cuando afirma que la existencia del límite máximo de 63 por ciento supone que se debe hacer una primera asignación al partido mayoritario, pero encuentra que "lo que no establece la ley, concretamente el artículo 13 del Código Electoral, es la fórmula que ha de aplicarse para saber si un partido político rebasa o no el límite máximo... Para superar esta insuficiencia, lo que procede es asignar al instituto político que haya obtenido 34 constancias de mayoría o más, y por lo menos 30 por ciento de la votación total, el número de diputados de representación proporcional suficientes para llegar a dicho límite (41)..." Pero el problema es que esto no lo dice el código, ni el estatuto, ni el artículo 122 constitucional. Este argumento ha sido inventado por la mayoría del tribunal para superar tal "insuficiencia" de la ley en el peor de los sentidos posibles. En lugar de esforzarse por aplicar la lógica más tendiente a la proporcionalidad, como sugiere hasta ahora la jurisprudencia aprobada por el TEPJF y por la SCJN, la mayoría del TEDF se ha inclinado por aplicar una "interpretación" que defiende el "derecho" del partido mayoritario a tener el 63 por ciento de la ALDF a como dé lugar.

Sólo nos queda esperar a que el TEPJF resuelva este caso con un mínimo apego a la cordura. Espero que no sea mucho pedir.

Pablo Javier Becerra Chávez, profesor investigador de la UAM Iztapalapa


Cambios de Liconsa en estados, con resultados satisfactorios, dice

Señora directora: Leí con atención la columna Dinero de Enrique Galván Ochoa, página 22 de la edición del 29 de agosto, en la que se publica información relativa a Liconsa, de la cual me permito hacer los siguientes comentarios:

Dentro de la operación habitual de Liconsa se prevén cambios políticos y rotación del personal que encabeza los programas de abasto social de la empresa en las diferentes entidades del país. Estos cambios están orientados a mejorar la eficiencia institucional y a impulsar la adopción de prácticas operativas y administrativas más profesionales, acordes con el ámbito geográfico en el que se llevan a cabo.

La designación de los gerentes estatales de Liconsa está ratificada por el consejo de administración de la empresa.

La actual administración de Liconsa, apoyada en diversas prácticas administrativas, entre las que se incluyen la política de cambio y rotación de cuadros directivos en diferentes estados del país, ha generado resultados satisfactorios, como incremento del padrón de beneficiarios en cerca de 20 por ciento durante la presente administración, apertura de 2.6 nuevas lecherías en promedio diario, mantenimiento del precio de la leche (3.50 pesos por litro) durante 27 meses, no obstante el considerable incremento en los costos de producción y distribución, entre otros.

También resaltan las finanzas sanas, por primera vez en sus más de 50 años de existencia, a partir de 2002, Liconsa funciona sin recibir recursos ni transferencias fiscales, la compra de 126 millones de litros de leche a ganaderos nacionales, hecho que ha permitido que la planta de Jalisco sólo procese leche de origen nacional; ni un solo litro de importación.

En atención a la importancia y trascendencia social del Programa de abasto social de leche a cargo de Liconsa, las decisiones que se toman se hacen con total responsabilidad y con claro propósito de mejorar la nutrición de cerca de 5 millones de beneficiarios, fundamentalmente niños menores de 12 años.

Licenciado Genaro Hernández Villalobos, subdirector de Comunicación Social


Recuerda el golpe de Estado a Allende

Señora directora: Tengo el agrado de dirigirme a usted, no sin antes expresar mi solidaridad con los periodistas de su casa editorial que padecen el acoso de la autoridad federal para la revelación de sus fuentes.

Lo anterior es indignante represión, que suelen padecer los hombres que defienden férreamente sus convicciones, hombres como Salvador Allende son los que motivan mi carta, ya que el próximo 11 de septiembre se cumplirán 30 años del asalto Moneda, aquel deleznable capitulo en la historia de nuestra América Latina. Me permito expresar el porqué de mi interés acerca de Chile: se debe a que mis padres sufrieron en carne propia aquella crueldad orquestada por Estados Unidos y ejecutada por el general Pinochet; por fortuna ellos lograron refugiarse en el que hoy es nuestro país, México, en el cual nací yo, donde crecí con los valores de la izquierda, los cuales me han sido inculcados por mi padre, quien fuera ministro de Agricultura de Allende, por lo cual mi formación ha sido con pleno conocimiento de causa.

Por esto, hoy ya como secretario de la Juventud del CEN del PRD, le solicito me permita un espacio en su periódico, ya que me parece adecuado para hablar acerca de la ideología profesada por Salvador Allende y la Unidad Popular.

Mauricio Toledo Gutiérrez


INVITACION

A conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras

La coordinadora antimperialista de la FFL invita a la conferencia La recolonización de América Latina. Participarán: Angel Guerra, articulista de La Jornada; Ramón O'Neill, Comité de Amigos de Puerto Rico; Peter Gellert, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, y un activista del Movimiento Mexicano de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano.

Hoy a las 17 horas en el aula magna de la FFL. Responsable de la publicación: Miguel Angel Aguilar González.
 
 

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