El país, después de las privatizaciones salinistas y zedillistas, se encuentra hoy con las palancas de su economía deterioradas y en manos del capital internacional, al cual, además, debe subvencionar con su rescate. Mientras tanto, el desarrollo nacional requiere importantes y urgentes inversiones que son imposibles porque, por ejemplo, en México 20 de cada 100 pesos producidos se destinan al rescate de las aventuras privatizadoras.

Los datos son elocuentes: la deuda total del gobierno suma cerca de 270 mil millones de dólares y casi 44 por ciento de los mismos corresponde a los rescates, sin contar los intereses de éstos, que desde 1995 han ascendido a más de 55 mil millones, la mitad de los cuales acumulados durante este sexenio. Además, esa deuda sigue creciendo, ya que el año pasado la deuda pública aumentó en 340 mil 700 millones de pesos y en los seis meses de 2003, en 788 mil 900 millones más.

Salinas de Gortari apostó al capital privado y comenzó a desmantelar el aparato económico del Estado. Pero los empresarios a quienes vendió por nada empresas y servicios fundamentales demostraron de inmediato su ineficiencia en dichos servicios (bancos, carreteras, aerolíneas). El Estado salió entonces a salvarlos con sumas que, como en el caso de las empresas aéreas, son cuatro veces superiores a las obtenidas anteriormente con las privatizaciones. Ahora los mexicanos deben trabajar para pagar los intereses derivados de la virtual quiebra de los banqueros cuando oficialmente se proclamaba, en cambio, que la privatización de la banca y de otros servicios y empresas debería proyectar a México al nivel de los países más industrializados.

Las empresas a las que se concedieron las carreteras viven hoy de los pagos con dinero del pueblo. Y los bancos, de cobrar pagarés de la deuda, no de funcionar concediendo créditos para la inversión productiva, y están casi todos ellos en manos de capitales extranjeros, que los compraron por un bocado de pan y que realizan grandes ganancias concentrando y movilizando el ahorro nacional.

En cuanto al país, que debería haber prosperado de la mano de la iniciativa privada, depende en realidad de la importación de alimentos vendidos por grandes trasnacionales. Sin embargo, se insiste en el camino perverso de las privatizaciones y se espera que ellas puedan prosperar en las pocas empresas clave para el desarrollo nacional que aún son estatales (como la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos a la que se desmantela paulatinamente).

Con el fin de atraer inversionistas se mantiene sobrevaluada la divisa nacional, estimulando así las importaciones que sustituyen los productos nacionales, porque se espera que el ingreso de capital foráneo compense el creciente déficit y aporte dinero y empleos. Pero la inversión extranjera es volátil, del tipo "muerde y huye" como la industria maquiladora, paga bajos salarios, no compra sino pocos insumos de producción nacional y tiene escasa cantidad de mano de obra, o directamente no crea empleo sino que compra empresas ya existentes, como hizo el Citibank con Banamex (además, sin pagar impuesto por la compra). Las privatizaciones sólo han endeudado a los mexicanos por generaciones y los intereses para sostener a los ineficientes empresarios privados a costa del desarrollo nacional crecen sin cesar.

Por todo esto, cuando el nuevo Congreso deberá discutir leyes que podrían poner en peligro el carácter estatal de las palancas esenciales para el desarrollo nacional, como la energía y los combustibles, convendría hacer un balance de la política económica neoliberal seguida por los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo y el propio presidente Vicente Fox, y ver cuánto -en dinero, en sufrimiento, en aumento de la pobreza, en estancamiento económico- le ha costado al país la política de privatizaciones. Si se quiere evitar un desenlace como el argentino, es necesario desechar una política que financia a los ricos con el dinero de los pobres.