El presidente Néstor Kirchner ordenaría juzgarlos en un consejo de guerra

Aceptan generales que desaparecieron y torturaron a argentinos en la dictadura

El lunes, tribunal decidirá que siga proceso contra responsables de plagiar a joven sueca

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 6 de septiembre. Mientras el presidente Néstor Kirchner decretaría que el ejército convoque a un consejo de guerra para que juzgue a tres ex generales de la pasada dictadura militar por sus declaraciones en un documental francés, en el que admiten la tortura, la guerra ilegal y las desapariciones como modelo tomado de la guerra colonial de Francia en Argelia, este lunes seis jueces del tribunal determinarán la continuación del juicio penal a los responsables de la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin en 1976.

Las declaraciones de los ex generales Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy, reconociendo que hubo un plan para enfrentar la ilegalidad en la llamada "guerra", librada contra una población aterrorizada durante la pasada dictadura, puso al ejército en una situación sin salida.

Esta es la primera vez que a ese nivel se admiten los crímenes, ya que en otros juicios siempre se eludió la responsabilidad de aceptarlos y sólo hubo casos aislados, como testimonios, en los que algunos militares de menor grado contaron partes de esa trágica historia.

La periodista Marie Monique Robin trató de mostrar lo que habían hecho los asesores militares de su país, influyendo sobre ejércitos y en la creación de fuerzas paramilitares. Pero lo importante de lo dicho por los generales es que reconocen que se decidió sistemáticamente por la tortura y las desapariciones para "no pagar los costos públicos" de los fusilamientos en masa. Ante esta situación, el jefe del ejército ya instruyó que se realice un juicio sumario con lo publicado en el diario Página/12, que son partes de las declaraciones a la periodista.

No podía valer "la buena fe" con que dicen actuaron los militares, que aducen fueron "sorprendidos" por una cámara oculta.

Esto ocurre cuando se están reabriendo las causas, paralizadas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, anuladas por el Congreso recientemente, por lo que unos 2 mil militares y policías podrían volver al banquillo de los acusados. De esta manera, los jueces avanzarían en otro de los casos en los que podría ser juzgado el ex capitán de marina Alfredo Astiz, cuya extradición también solicita Francia por la desaparición de dos monjas de esa nacionalidad, secuestradas en 1977 junto con varias madres de Plaza de Mayo.

Una serie de tratados internacionales firmados por Argentina abre un amplio espectro de posibilidades y obligaciones para que se juzgue a los responsables de esos delitos. Precisamente una puerta por la que volvieron a entrar los familiares, desesperados y en busca de justicia, fue la imprescriptibilidad, en el caso de delitos como el robo de niños nacidos en cautiverio.