Nuevamente, la incapacidad del gobierno federal para atender satisfactoriamente el conflicto vigente en Chiapas, por un lado, y las actividades violentas de caciques y grupos de choque priístas, por el otro, han conducido al enrarecimiento del clima social y político en varios puntos de ese estado, al grado de que, según diversas denuncias, podría registrarse en cualquier momento un ataque mayor de paramilitares contra las comunidades indígenas simpatizantes del EZLN en el Caracol de Roberto Barrios, en la zona de Palenque. Además, en la región de Montes Azules también han tenido lugar actos de intimidación y hostigamiento en contra de los indígenas desplazados que ocupan esas tierras, una presión que tiene el objetivo de forzarlos a aceptar su reubicación.

En el caso de Roberto Barrios, la tensión ha alcanzado niveles realmente alarmantes. La violencia desatada por integrantes de grupos armados de signo priísta y acusados de actividades paramilitares, no ha hecho sino crecer en los recientes días y se han registrado ya ataques con armas de fuego contra simpatizantes zapatistas con la intención de desalojarlos del Caracol allí instalado. Según información recogida por este diario, los agresores cuentan con apoyo del gobierno municipal y de caciques vinculados al PRI, lo que sugiere claramente que los estamentos de poder más retardatarios de Chiapas se encuentran, una vez más, detrás de la presente escalada. Por añadidura, la continuidad del proyecto de construcción de un opulento balneario turístico en la ribera del río Bascán, contigua al Caracol de Roberto Barrios, ha enfrentado a los pobladores de la región y enrarecido todavía más la de por sí grave situación de desasosiego y enfrentamiento que agobia a esas localidades chiapanecas.

En este ominoso contexto -al que cabría sumar los dramáticos sucesos en la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, un diferendo mal atendido y que ha sido oscuramente aprovechado por fuerzas ajenas al conflict--, la actitud de las autoridades federales ha estado marcada por una negligente tolerancia hacia las actividades de los grupos delictivos paramilitares que operan en Chiapas y por su incapacidad o desdén para reconocer que el conflicto chiapaneco requiere, para comenzar a solucionarse, una firme voluntad política que pasa por corregir la contrarreforma legal en materia indígena acontecida a principios de este sexenio y por honrar de una buena vez los acuerdos de San Andrés y la iniciativa formulada por la Cocopa.

Con todo, si las autoridades federales y estatales no emprenden de forma inmediata acciones jurídicas que frenen el descontrol de los paramilitares y sus avales priístas, podrían repetirse tragedias como la acontecida en Acteal y se corre el riesgo de desmantelar -como desean los grupos oligárquicos a escala local y nacional- el auspicioso proceso de gestión cívica encabezado por los caracoles y las juntas de Buen Gobierno en Chiapas.

De igual manera, es necesario que los diversos gobiernos competentes reconozcan la improcedencia de proyectos turísticos como los que se planean en Montes Azules y en el río Bascán, pues éstos serán sólo causa de depredación del entorno ecológico, de nuevas formas de opresión y marginación de los habitantes de esas regiones y de la concesión de privilegios a unos cuantos -generalmente inversionistas extranjeros y grupos caciquiles- en detrimento del verdadero desarrollo social y económico de la región. Poner alto a la violencia y al abuso en contra de las comunidades indígenas de Chiapas -tanto las de filiación zapatista como las que no lo son- es una medida urgente que no puede, bajo ningún motivo, seguir siendo postergada.