Un juez resolverá la situación del grupo que mantiene en su poder tres módulos

Pide la PGJDF órdenes de aprehensión contra ex trabajadores de Ruta 100

Despojo, lesiones y daño en propiedad ajena, cargos contra Jorge Cuéllar y otros líderes

MIRNA SERVIN, ANGEL BOLAÑOS Y LAURA GOMEZ

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) envió al Reclusorio Sur la consignación por la toma de módulos del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), para que un juez resuelva la situación jurídica de quienes participaron en los hechos, entre ellos Jorge Cuéllar Valdés, informó el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz Vázquez.

Los delitos por los que se solicitan las órdenes de aprehensión, precisó, son despojo, lesiones y daño en propiedad ajena, los cuales se perpetraron durante la toma de las instalaciones de Santa Marta Acatitla y Canal de San Juan el pasado 26 de julio, donde se encontraban más de 300 autobuses del GMT.

En tanto, el secretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que el grupo de Cuéllar está agotando las posibilidades de negociación, con su actitud intransigente al desconocer el viernes los acuerdos para entregar los módulos.

Por su parte, el dirigente de la Alianza Corporativa, Cuéllar Valdés, señaló que los módulos y camiones "nos pertenecen; sólo ejercemos un derecho que le solicitamos desde hace tres años a la procuraduría capitalina, mediante tres denuncias contra Gabino Camacho y Ricardo Barco, por despojo, abuso de confianza y fraude. "Estamos en espera de que nos detengan por defender a nuestros compañeros, pero queremos dejar en claro que fue el gobierno quien incumplió el acuerdo al darnos respuestas miserables y realizar una guerra sicológica en nuestra contra", afirmó.

Encinas lamentó el incumplimiento de los compromisos para la entrega de los módulos en custodia al Gobierno del DF, y acotó: "lo que procede cuando no hay la posibilidad de avenimiento es que siga el proceso judicial sumario". Dejó en claro que el gobierno de la ciudad no tiene la intención de utilizar la fuerza pública; por el contrario, quiere hacer un esfuerzo adicional en espera de que el grupo de Cuéllar rectifique y colabore, pero ante una situación extrema, reiteró, se actuará conforme con lo que determine la autoridad jurisdiccional.

El subsecretario de Gobierno, Martí Batres, admitió que han sido constantes las llamadas telefónicas a Cuéllar para que su grupo entregue los módulos, y se otorgaron las garantías que solicitó para la entrega. "No debieron tomar los módulos, fue una medida de fuerza, y su devolución era una condición indispensable para establecer el diálogo y avanzar en otros puntos".