Arnulfo Arteaga García*

Transporte, asunto público, no de simuladores

Los hechos ocurridos recientemente en el transporte público concesionado son, como señala Nora Patricia Jara (La Jornada, 13/8/03, p. 36), asunto público, pero no solamente el referido al conflicto que viven los ex trabajadores de Ruta 100; también lo son los crímenes cometidos a bordo de los microbuses, que han dado pie a la serie de operativos propios de un estado de sitio.

Asunto público es también el anuncio de la estrategia que dio a conocer a los medios hace poco más de una semana Francisco Garduño Yánez, secretario de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi), para profesionalizar a los operadores de unidades de transporte público colectivo. Esta se basa principalmente en la aplicación de pruebas sicométricas y una de habilidades en un simulador. Se mencionó un curso de capacitación, pero no queda claro la modalidad y la capacidad para atender a los casi 60 mil operadores que laboran en el sector.

No abundaré sobre el caso tratado por Jara, simplemente añadiré que el retiro de las autoridades locales de la solución del conflicto y sus secuelas ha propiciado la afectación de los principales destinatarios del servicio público: los millones de usuarios que se movilizan todos los días por este medio. En el segundo caso, aun cuando la autoridad policiaca ha informado del éxito de los operativos, lo cual sin duda es un beneficio para la población, ha propiciado también el efecto cucaracha y nuevas zonas, rutas y derroteros son ahora el blanco de los delincuentes. En el tercer caso, se deposita en un simulador y en pruebas sicométricas la responsabilidad de detectar a los malos operadores y a los buenos.

Más allá de lo que puede implicar el uso de un artefacto mecánico, hay un pequeño problema aritmético: existen aproximadamente 60 mil operadores que anualmente requieren renovar su licencia-tarjetón. Garduño Yáñez dijo que sólo serían expedidos 10 mil documentos anuales; Ƒqué pasará con los otros 50 mil? ƑSe promoverá su autoempleo como asaltantes de microbuses o como cacharpos (ayudantes) de los flamantes conductores aprobados por el simulador? Igualmente, las pruebas sicométricas han mostrado limitaciones para discriminar a los buenos de los malos elementos; sin generalizar, la consignación de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) así lo demuestra.

El abordaje que han hecho las autoridades de estos tres asuntos públicos denota que no existe una política integral hacia el sector del transporte colectivo. En el primer caso por omisión y en los otros por su intervención parcial y sesgada.

La formulación de dicha política pública requiere, en primer lugar, de una real participación de los diferentes actores del sector a través de una instancia de planeación que se aboque a la construcción de una visión compartida e integral de la problemática del transporte y la vialidad urbana, con una clara vocación, megalopolitana (la intensificación de la conurbación con los estados de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala está a la vuelta de una década).

En este proceso, y aunque a muchos les resulte escandaloso, es imprescindible la presencia de los concesionarios del transporte como corresponsables y no como objeto de operativos punitivos y persecutorios. En términos cuantitativos y cualitativos, ellos controlan la principal modalidad de transporte público.

Entre los muchísimos aspectos que se tendrían que abordar está el establecimiento de una norma, elaborada consensuadamente, sobre el carácter público de la concesión, para proveer el servicio. Se requiere también el reconocimiento como servidor público a los operadores, mediante un estatuto laboral que asegure de manera corresponsable su profesionalización (autoridades y concesionarios) y las condiciones laborales de seguridad y previsión social para eliminar la invisibilización de la relación laboral mediante la llamada cuenta, mecanismo de trabajo a destajo propio del sector y principal causa de la loca carrera de los conductores tras el chivo cotidiano.

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa