Los tres principales partidos del país -PRI, PAN y PRD- atraviesan actualmente por una grave crisis de representatividad, cohesión y efectividad, una situación inquietante y peligrosa que pone en riesgo no sólo la todavía inacabada y frágil transición democrática, sino también el destino mediato de la nación, con todo lo que ello implica.

Al duro revés que los ciudadanos les propinaron con una abstención histórica en los comicios del pasado 6 de julio, estos institutos políticos deben añadir la erosión originada por sus luchas por el poder y los privilegios que otorgan los cargos de elección popular y los puestos en las administraciones públicas y partidarias, su incapacidad para alcanzar acuerdos internos y consensos de alcance general, y la debacle de su credibilidad por escándalos de financiamiento ilegal, deudas desmesuradas o conflictos intestinos, sólo por poner algunos ejemplos. Esto sin mencionar el raquitismo que padecen todos ellos por la falta de un proyecto de nación viable y de largo aliento, incluidas las formaciones menores PVEM, PT y Convergencia.

Tan sólo ayer, las acciones y declaraciones de diversos legisladores y dirigentes políticos dieron clara muestra de la desarticulación que agobia a sus respectivos partidos. En el caso del PRI, senadores como Enrique Jackson, Dulce María Sauri y Carlos Chaurand se deslindaron del discurso de su secretaria general y próxima coordinadora en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo, y rechazaron avalar cualquier acuerdo con el presidente Fox que incluya privatización energética o aumento de impuestos, un indicador de la especie de esquizofrenia que experimenta ese instituto político.

En el PAN, por su parte, los desencuentros en torno a la figura de Diego Fernández de Cevallos -con la mermada imagen de Fox como telón de fondo- son más que evidentes: ejemplos de ello son las declaraciones de varios senadores panistas en el sentido de que debe evaluarse la pertinencia de que otro legislador, y no el Jefe, presida el Senado de la República a partir del primero de septiembre.

Finalmente, la renuncia de Ramón Sosamontes a su cargo en la dirección del PRD y su crítica a la empecinada defensa de puestos y cuotas de poder emprendida por algunas corrientes del sol azteca ponen bajo la luz el anquilosamiento y las dificultades para su renovación que ese partido experimenta a causa de sus pugnas domésticas.

En este panorama de desgaste y escándalo, de poco valen los porcentajes de votos y el número de curules que cada uno de los partidos agita como pruebas de su liderazgo y de su capacidad para conducir los destinos del país. Para la ciudadanía, los institutos políticos parecen mucho más un cúmulo de camarillas, en constante disputa y alimentadas con recursos fiscales, que organizaciones serias y profesionales dedicadas a servir a la nación y a sus electores. La crisis de representatividad en la que están sumidos, más allá de los datos formales, es patente.

A la fecha, los partidos no han sido capaces de responder de manera suficiente y efectiva a los retos del país y a las exigencias ciudadanas, y los mexicanos han tenido que pagar los costos de tales inconsistencias y diferendos externos e internos. Con todo, estas organizaciones son parte consustancial de la democracia y la calidad de ésta se funda en buena medida en el dinamismo, credibilidad y coherencia de sus institutos políticos.

Por ello, los partidos están obligados a colocarse a la altura de las circunstancias y de las aspiraciones ciudadanas y a emprender una pronta modernización que los haga compatibles con las realidades y las necesidades nacionales. Sólo así podrán honrar el importante papel que les corresponde y convertirse, de una vez por todas, en verdaderos ejemplos de cambio democrático, transparencia ante la sociedad y compromiso con el desarrollo de México.