López Obrador pide hacer funcional el juicio político; ahora es sólo un trámite, dice

Pesquisas a fondo en el escándalo Belsasso para evitar más corrupción, promete Creel

Fernández de Cevallos considera lamentable el tráfico de influencias y apoya posibles sanciones

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dijo que un gobierno "surgido de una elección democrática no puede permitir ningún acto de corrupción" y por ello la Secretaría de la Función Pública investiga ya a Guido Belsasso ex funcionario de Salud. En contraparte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que debe reformarse la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para cambiar las reglas del juicio político, porque en la actualidad es un procedimiento burocrático que permite evadir la acción de la justicia.

Se trata, alertó, de una de esas "leyes inoperantes que no funcionan", como en el caso de los dirigentes del sindicato petrolero, "que se mueren de risa, se burlan y ahora hasta están pidiendo más dinero a Pemex, porque ya saben que la libraron".

Por separado, durante una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación, Creel Miranda informó que una vez detectado el tráfico de influencias en que incurrió el ex titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el asunto se turnó "inmediatamente a la Secretaría de la Función Pública para deslindar responsabilidades y, por supuesto, para encauzar el procedimiento requerido".

Creel Miranda agregó que el gobierno federal "tiene que actuar con un gran ejemplo" en torno al caso Belsasso, para que nadie más se atreva a incurrir en ilícitos.

"Somos un gobierno que venimos del voto popular, que creemos en la democracia, en la transparencia y los primeros afectados somos los funcionarios que formamos este gran equipo de gobierno. No queremos que los actos de unos vayan a manchar las conducta de miles de servidores públicos que trabajan con plena honestidad, con asiduidad y con eficacia".

López Obrador, a su vez, consideró que la polémica surgida en torno a los actos de corrupción en que incurrió Belsasso obliga a los legisladores a cumplir con su obligación de modificar los ordenamientos jurídicos, ya que "las leyes deben ser sencillas y no dejar pie a interpretaciones".

El jefe de gobierno demandó que se dictamine la iniciativa que hace unos días presentó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón, encaminada a combatir y acabar con el influyentismo. Inclusive advirtió que día con día estará pendiente y llevará la cuenta del tiempo que transcurre hasta que los legisladores la aprueben.

Se le debe dar luz verde, insistió López Obrador, porque hay abogados que son, por un lado, representantes populares: diputados o senadores, y por otro lado son defensores de delincuentes de cuello blanco. Y ellos mismos son los que hacen las leyes.

Uno de los aludidos, el senador Diego Fernández de Cevallos, consideró que no se puede decir que hay verano por una golondrina", aunque, reconoció que de ser ciertas las acusaciones contra Belsasso por tráfico de influencias, "sería lamentable" y "debería ser sancionado".

Entrevistado antes de participar en una conferencia internacional sobre la Corte Penal Internacional, acto realizado en la Universidad La Salle, el controvertido legislador indicó que "sin duda es un caso grave que se debe investigar a fondo y saber si tiene otras raíces o consecuencias".

Por otra parte, sobre el inicio de un procedimiento de juicio político en su contra promovido por el diputado perredista Uuc Kib Espadas, Fernández de Cevallos respondió que "están en todo su derecho a promoverlo y que se tramite conforme a la ley".

También el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, llamó a regular el tráfico de influencias y a utilizar todos los instrumentos necesarios para evitar este tipo de comportamientos al margen de la ley y de la ética.

En Monterrey, José Francisco Escobedo, quien fue representante del Grupo Oaxaca en la mesa de negociaciones que impulsó la aprobación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, señaló que la persistencia de una "cultura patrimonialista" en el gobierno, que incentiva el uso de los recursos públicos como si fueran de carácter privado, es lo que genera la corrupción y el tráfico de influencias.

Durante una conferencia que dictó ante ciudadanos e integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública del estado de Nuevo León y ante la pregunta de uno de los asistentes, comentó que el asunto Belsasso "es un ejemplo clarísimo de que el papel de los periodistas y de los medios de comunicación es fundamental para esclarecer y trasladar al espacio público los temas de interés común".

ANGEL BOLAÑOS, ANDREA BECERRIL, MIRNA SERVIN Y LAURA POY, REPORTEROS Y DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL