Ejidatarios proponen que las comunidades sean beneficiadas con las concesiones

Empresas de EU comenzaron hace seis meses la explotación de gas en Burgos

Sugieren la participación de propietarios, compañías de exploaración y fondos de inversión

ANASELLA ACOSTA NIETO

Empresas estadunidenses, como Halliburton, comenzaron hace seis meses la explotación de gas no asociado en la frontera de Estados Unidos con México, en la cuenca de Burgos, lo que pone en riesgo las reservas nacionales, pues se trata de un manto compartido cuyo desarrollo debiera efectuarse en forma ordenada y simultánea para evitar el saqueo de hidrocarburos que, con seguridad, ya está ocurriendo, manifestó la Asociación de Propietarios en Defensa de los Recursos Naturales del Subsuelo.

En entrevista con La Jornada, Guillermo Ramos Jiménez, integrante de la organización, que agrupa a ganaderos y ejidatarios, reiteró la propuesta de crear "empresas regionales" para aprovechar la explotación de gas en beneficio de los mexicanos, no de las trasnacionales.

La cuenca de Burgos es la única productora de gas no asociado con el petróleo (gas seco) en México, y hasta 2001 tenía reservas probadas de 2.47 billones de pies cúbicos.

Con una adecuación reglamentaria al esquema de los contratos de servicios múltiples, explicó el coordinador del proyecto, las empresas regionales podrían convertirse en concesionarias de la explotación del gas seco en la región.

Ramos Jiménez aseguró que no se trata de defender el interés exclusivo de ganaderos y ejidatarios, sino de un proyecto integral que impactaría en un precio más competitivo del gas, diversificación económica y mejor aprovechamiento de tierras y agua.

Bajo el esquema de empresas regionales, la agrupación propone la participación conjunta de propietarios, compañías de exploración y extracción, grandes consumidores nacionales de gas, inversionistas en tecnología y fondos de inversión mexicanos, como los de retiro. Este concepto permitiría "garantizar la soberanía y la distribución de la riqueza", afirmó.

"La idea de la propuesta es abrir el gas, pero para nacionales; que el control lo tengan los mexicanos y que haya un impacto regional. No queremos una apertura como en la banca, que a final de cuentas se la quedaron extranjeros. Queremos apertura para las comunidades donde se extrae la riqueza del subsuelo, que participen activamente de los recursos con beneficio social. Además de garantizar el cuidado al ambiente y a la viabilidad de las comunidades a largo plazo", agregó Ramos Jiménez.

La asociación llamó a los legisladores a aplicar una ley justa en materias energética y agropecuaria, porque en la actualidad se degrada el terreno agropecuario en nombre de la explotación de hidrocarburos.

Hay "desigualdad jurídica, que hace que el campo absorba los costos y los pasivos ambientales. Hay que extraer energéticos y minerales, pero preservando el ambiente y, sobre todo, impulsando la producción agropecuaria", afirmó Ramos Méndez.

La asociación coahuilense se refirió además a la desventaja que los ganaderos y ejidatarios tienen frente a sus similares en Estados Unidos, quienes se ven beneficiados por los impuestos y derechos en materia energética por explotación de gas y minerales, no sólo de petróleo, como ocurre en México.

"Los ganaderos no recibimos nada por la explotación de gas y minerales en nuestras tierras; por el contrario, el gobierno viene, hace sondeos, pone vallas y exige el retiro de la zona; luego de extraer las riquezas, como ha ocurrido con el carbón, se va y deja el terreno inservible, lo que nos obliga a emigrar", comentó uno de los integrantes de la asociación, que agrupa a unos 7 mil 500 ganaderos y ejidatarios de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, estados fronterizos donde se ubica la cuenca de Burgos.

El esquema que durante 120 años se ha aplicado con el carbón ahora quiere repetirse con el gas seco, denunciaron, y una vez que se agote el gas los terrenos quedarán inservibles y las personas tendrán que emigrar. El grupo calcula que entre 20 y 25 por ciento de la población de la cuenca de Burgos es rural.

Por lo anterior, la asociación demandó una reforma legal que contemple una indemnización de 5 por ciento por daños ambientales a los propietarios como estatuían leyes anteriores en materia de petróleo y minería.

Explicó que esta "renta energética" obligaría a los ganaderos, a su vez, a reinvertir en la reactivación agropecuaria, lo que daría mayor impulso al sector y más generación de empleos.

La asociación estimó que la renta equivaldría a 500 millones de dólares anuales para el sector agropecuario, lo que permitiría que una región ganadera duplicara la generación de empleos directos e indirectos, que actualmente beneficia a cerca de 400 familias.