Aquellos delitos no pueden prescribir, dice catedrático

"La Corte debe dejar el papel de cómplice que jugó durante la llamada guerra sucia"

JESUS ARANDA

El doctor en derecho constitucional Clemente Valdés sostuvo ayer que no han prescrito los delitos cometidos en México hace 30, 40 o 50 años, en razón de que "es una absurdo elemental" considerar que los "altos empleados" del gobierno que tenían en sus manos el control de la investigación, la acción penal y todo el proceso para el castigo de los ilícitos cometidos "por ellos mismos", iban a actuar en perjuicio propio.

En conferencia de prensa manifestó lo anterior ante la presencia de integrantes del Comité 68 -encabezados por Raúl Alvarez Garín-, quienes apoyaron con su presencia lo dicho por el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en donde se dirime la controversia sobre la prescripción de los delitos cometidos durante la guerra sucia- a dejar el papel de "cómplice" que jugó en aquellos años (inclusive desde el movimiento estudiantil de 1968) tras la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen, y que asuma su responsabilidad rechazando la tesis de la prescripción.

Agregó que sería "muy grave" que los ministros avalaran en los hechos una postura oficial que sería similar a la que adoptó en Chile el ex dictador Augusto Pinochet, "quien decretó una ley de amnistía para sí mismo", o bien lo que pasó en Argentina, en donde después de la dictadura militar el ex presidente Raúl Alfonsín aprobó leyes tan vergonzosas como la de Punto Final y Obediencia Debida. "Nos colocaríamos en ese nivel", advirtió.

En alusión a los comentarios de quienes consideran que la reconciliación en las naciones depende del olvido y del perdón, Valdés enfatizó que eso es falso, porque "la reconciliación se facilita cuando se aplica la justicia".

En respuesta a los comentarios externados en diversas ocasiones por ministros de la Corte en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación se fortalecerá en la medida en que cuente con un presupuesto fijo y recursos suficientes, aseveró que la independencia de los órganos judiciales "no depende del presupuesto, sino de la confianza que le tenga la población".

Con relación al tema de la prescripción insistió en que si bien "los altos empleados" que controlaron al Ministerio Público durante muchos años nunca iniciaron una acción penal por los crímenes que se les atribuyen -como es el caso de los ex mandatarios Luis Echeverría y José López Portillo, entre otros-, lo que no es cierto es que la responsabilidad de los que hayan participado o encubierto esos crímenes, empezando por quienes eran presidentes de la República, hayan prescrito.

"El tiempo para la prescripción de la responsabilidad de los gobernantes no puede correr, no puede operar mientras esos funcionarios tienen el control total de los medios por los que podría aplicarse el castigo penal respecto de los delitos cometidos por ellos mismos y por los empleados que los precedieron, con la obligación de encubrir a sus antecesores", enfatizó.

Indicó que todo sistema republicano se basa en un sistema de representación democrática, donde la disidencia, la oposición y la competencia política son elementos fundamentales, por lo que cuando el gobierno en turno reprime, atemoriza o inhibe la participación política de los ciudadanos, tiene lugar un acto delictuoso por sí mismo, es decir, por el daño mismo infringido a la representación democrática.

Además, cuando se atenta contra la integridad, la dignidad, la libertad y la vida de las personas con secuestros, torturas, asesinatos y matanzas colectivas, "los gobiernos pierden su razón de ser y el sistema jurídico político queda en entredicho", concluyó.