Busca el CAP juntar en una bolsa $700 millones

Desatiende SRA propuesta campesina sobre recursos

Los fondos "ya están etiquetados", alega Salazar Adame

MATILDE PEREZ U.

La tarifa nocturna para energía eléctrica, cuyas normas se publicaron el viernes de la semana pasada, no significa una erogación para el gobierno federal pero sí un beneficio para casi 32 mil productores. Se espera que al término del sexenio las cuotas eléctricas subsidiadas para el sector rural beneficien a más de 170 mil agricultores, declaró el coordinador de Procampo, Juan Antonio Fernández Ortiz.

Puntualizó que el horario nocturno regirá de las cero a las ocho horas; el cargo por kilovatio hora para este año será de 15 centavos y aumentará un centavo anualmente hasta 2006, en que llegará a los 18 centavos por kilovatio. Para acceder a los beneficios, los productores deberán presentar a la Comisión Federal de Electricidad original y copia del título de concesión de aguas nacionales, registro público del derecho expedido por la Comisión Nacional del Agua y certificado de dicha institución de que el líquido se utiliza para riego agrícola.

A su vez, dirigentes de algunas organizaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP) aseguraron que continuarán las movilizaciones hasta diciembre para exigir al gobierno federal que cumpla con los 282 compromisos pactados; esas acciones se combinarán con otros actos, entre ellos la protesta en Cancún, Quintana Roo, durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio y la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados.

Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión General Obrero Campesina Popular-Cuenca del Papaloapan, dijo que frente a un sector rural decadente, explosivo y violento, el gobierno federal reacciona con una política económica social "superficial, que responde con debilidad a los más graves conflictos, con acciones titubeantes que generan nuevos problemas".

Destacó que a cuatro meses de la firma del acuerdo nacional no hay cambio alguno en la política hacia el campo, por lo que hizo un llamado a las organizaciones para que reflexionen en la necesidad de actuar en busca de la transformación del modelo rural, que ha provocado quiebra, descapitalización, hambre y migración.

En la conferencia de prensa en la que las organizaciones presentaron una evaluación preliminar del acuerdo, después de la movilización del pasado 8 de agosto, el coordinador en turno del CAP, Max Correa, demandó: "Los 400 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación transfirió a la de la Reforma Agraria (SRA) para resolver los focos rojos agrarios deben sumarse a los 300 millones de pesos para atender los conflictos de tenencia de la tierra y, de ese total, entregar 80 por ciento a las organizaciones que firmaron el pacto campesino".

Al respecto, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, aclaró que esos recursos no se pueden juntar en una bolsa porque ya están etiquetados.

Además, puntualizó, la Secretaría de Gobernación transfirió el año pasado sólo 138 millones de pesos a la SRA, y la mayor parte se utilizó para resolver conflictos en Zacatecas y Oaxaca.

Los 300 millones de pesos que establece el acuerdo nacional serán para atender los casos que presenten las organizaciones firmantes del convenio, y corresponde a ellas presentar la lista de asuntos.