Activistas detallan la detención de un rarámuri y el homicidio de Teresa Tirado

Denuncian ante la ONU sistema de justicia racista

ROSA ROJAS

El Consejo Internacional de los Tratados Indios (CITI) denunció ante la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, la discriminación de que son víctimas los indígenas por parte del sistema de justicia. Puso como ejemplo "el injusto encarcelamiento" de Isidro Baldenegro López, dirigente del pueblo rarámuri (tarahumara), preso en el penal de Chihuahua por defender a su comunidad contra el saqueo de la madera y la destrucción de los bosques.

A nombre del CITI, Marcelino Díaz de Jesús, integrante de la organización Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), demandó a las autoridades mexicanas la inmediata liberación del rarámuri y una investigación justa e imparcial del asesinato de la totonaca Griselda Teresa Tirado Evangelio, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, asesinada en la sierra Norte de Puebla el 6 de agosto, caso por el que exigió castigo a los asesinos.

En su intervención reclamó que el racismo y la discriminación, a todos los niveles, afectan a los pueblos y a las comunidades indígenas, impidiendo construir un futuro digno e igualitario entres todos los seres humanos y las culturas.

Denunció también que en Chile se han realizado juicios contra jefes de comunidades mapuches (lonkos) en los cuales han declarado como testigos de cargo personas detrás de una cortina para no ser reconocidas, práctica que no se aplica ni en juicios contra parlamentarios presuntamente responsables de corrupción ni cuando probablemente se juzgue a algunos militares por violaciones de los derechos humanos. "El privilegio de tener testigos de cargo detrás de una cortina es sólo de los indígenas, y esto es discriminación", afirmó.

Isidro Baldenegro fue detenido el 29 de marzo de 2003 por el grupo Orión de la Policía Judicial del estado de Chihuahua, "sin orden de aprehensión y sin presentar ningún mandato judicial; le sembraron armas de alto poder y una bolsa con semillas de mariguana, debido a que se ha opuesto a la explotación del ejido Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo", de acuerdo con denuncia de la ANIPA el 4 de abril.

La organización aseguró que el dirigente y sus hermanos han sufrido "una campaña de difamación de diversos medios pagados por el cacique Artemio Fontes".