La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), es el movimiento indio más fuerte y politizado de América Latina. En 1997 derribó al presidente Abdalá Bucaram, y en 2000, al presidente Jamil Mahuad, convocando una huelga general que movilizó sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, de la Iglesia católica, de la izquierda y de la magistratura. A inicios de este año la Conaie, mediante su instrumento político, Pachakutik, junto con sindicatos y con el Movimiento Popular Democrático (MPD), de izquierda, integró el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, que había hecho una campaña con posiciones radicales, nacionalistas y de izquierda. En el gobierno, Pachakutik obtuvo los ministerios de Relaciones Exteriores (Nina Pacari), de Agricultura (Luis Macas), de Turismo y centenares de puestos institucionales (desde el Parlamento hasta los ministerios). Ahora, menos de seis meses después, sigue al MPD en la ruptura con el presidente y con el gobierno y se lanza a organizar movilizaciones y a una oposición activa. El gobierno, sin la izquierda, busca por su parte aliarse con la derecha y no parece poder aplicar su política, determinada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La crisis fue precipitada por la negativa de los diputados de Pachakutik a apoyar el proyecto de reforma laboral (que, para supuestamente "flexibilizar" el mercado laboral, desmantelaba los derechos y las garantías de que gozaban los trabajadores e inclusive aumentaba la jornada de trabajo sin incremento salarial). Ese rotundo no salvó la alianza entre los sindicatos y la izquierda y el movimiento indígena, y hundió al gabinete del partido de la Sociedad Patriótica, de centroderecha, inven- tado por Lucio Gutiérrez. ¿Cuál es el saldo de esta incursión del movimiento indígena por las instituciones estatales del "gobierno del cambio"? Que no era posible modificar desde adentro ni el gobierno ni dichas instituciones; que no se puede creer sobre palabra ni siquiera a los aliados que han aceptado un programa común sino que hay que juzgarlos en los hechos; que el poder corrompe y divide a las comunidades cooptando algunos dirigentes; que la política antinacional y antisocial que habían llevado a la Conaie a derribar a dos presidentes se volvía a presentar, esta vez con más fuerza, porque el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecían dinero para aplicarla, precisamente porque esperaban institucionalizar y domesticar al movimiento indígena, cuya presencia en el gabinete les ofrecía una garantía; que el poder que tenían las comunidades y el que habían conquistado en vastos sectores mestizos dependía de su independencia política y organizativa, y se debilitaba al contaminarse con el otro poder, el de las instituciones estatales. Por eso, la Conaie y su instrumento político-institucional, Pachakutik, mantienen sus posiciones en el poder municipal y regional -subordinado al poder de las comunidades- pero también sus diputados que, ahora independientes, han conseguido hacer fracasar la reforma laboral y pueden hundir también todas las otras "reformas estructurales" que desea el FMI y que pretende imponer el gobierno. Este depende ahora de la oligarquía de Guayaquil, de los banqueros y de la derecha, pero ha perdido su apoyo no sólo en los indígenas sino también en los mestizos pobres y en la baja oficialidad. El movimiento indígena, por su parte, deberá asimilar la derrota de sus ilusiones. Pero ha sabido romper a tiempo con los lazos pegajosos de la institucionalización y volver a las bases, a la tierra, para recuperar su fuerza. Las conclusiones políticas y teóricas seguramente vendrán después.