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México D.F. Jueves 7 de agosto de 2003

Niega enfrentamiento con el Legislativo de Guanajuato

Vetó Romero Hicks decreto que delimitaba municipios en conflicto

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Guanajuato, Gto., 6 de agosto. El gobernador Juan Carlos Romero Hicks vetó hoy el decreto legislativo que pretendía delimitar los territorios de Moroleón y Uriangato, así como los de San Francisco del Rincón con Purísima de Bustos, conflictos que datan de más de 100 años.

De acuerdo con el gobierno estatal, dicha decisión se tomó "luego de un análisis jurídico y técnico y por razones de tranquilidad social", así que los límites de dichos municipios no serán modificados como decretó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Legislatura local.

En un comunicado se refiere que "el gobernador de la entidad está consciente de que es una situación delicada que los cuatro municipios han compartido durante mucho tiempo".

Un desplegado publicado en la prensa local y dirigido "al pueblo de Guanajuato" refiere que el conflicto que provocó el decreto 204 en Uriangato y Moroleón, así como el 205 para San Francisco del Rincón y Purísima de Bustos tiene implicaciones que deberían ser estudiadas. "En la zona en conflicto existen áreas aptas para el futuro desarrollo económico que pueden impactar e inhibir la inversión económica, con el consecuente detrimento para el desarrollo" de los municipios en cuestión.

Abunda que la delimitación del Poder Legislativo habría dejado a Purísima del Rincón sin servicios de salud, clínica del Seguro Social, Cruz Roja, las direcciones de Protección Civil, la biblioteca pública y el mercado municipal, infraestructura que de un plumazo habría pasado a San Francisco del Rincón, así como un área de al menos 5 mil predios que contribuyen al desarrollo municipal mediante pago de impuestos.

En tanto, Moroleón se habría quedado sin unidad deportiva, centro de salud, módulo de seguridad pública y varios pozos que abastecen de agua potable a la población, incluida la zona comercial más importante de esa localidad que, de igual forma, habría pasado a formar parte de Uriangato.

En entrevista, Romero Hicks manifestó que su decisión formó parte de un proceso conjunto entre los tres poderes del estado. "Son muy claros los argumentos contenidos en el documento del veto, por tanto se trató de una decisión jurídica, ética y política."

Añadió que en virtud del tiempo que establece la ley para que el decreto sea publicado o bien se regrese, se consideró que "por responsabilidad y ética, lo que estamos haciendo es sólo regresarlo al Congreso para una mejor reflexión", y dejó claro que esta decisión se enmarca en un sentido de colaboración entre poderes.

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