Luis Linares Zapata

Balance de poderes

Las consecuencias derivadas de las elecciones de julio pasado no han terminado de afectar a la realidad como era previsible y hasta conveniente que suceda. En el Congreso sigue vigente el rejuego de fuerzas que dominó a la 58 Legislatura. El peso de la fracción panista de diputados es de consideración y aumenta por el amplio margen de maniobra detentado por sus senadores. Mismo caudal político que aprovecha Diego Fernández de Cevallos para moverse, como casi siempre sucede en su partido, con una libertad que le garantiza llegar a los resultados por él previstos y, con frecuencia inusitada, de acuerdo con sus propios intereses. Causal por lo general alejada de los que serían benéficos para la nación. La última puesta en escena de tan nombrado y denostado personaje ronda alrededor del abultado conjunto de recursos bajo disputa: los descuentos (50 mil millones de pesos) que ha determinado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacerle a cuatro de los grandes bancos que concurrieron al rescate de cartera que hizo el gobierno a través del Fobaproa.

Fernández de Cevallos logró sosegar a más de un centenar de alebrestados legisladores panistas y sacó un acuerdo que presentarán en la Permanente, supuestamente por unanimidad, con el acento puesto en el respeto a los procesos judiciales en turno. Con ello se privilegian los amparos solicitados por Bancomer, Banamex, Banorte y Bital para resistir las auditorías previstas en la ley que creó el IPAB. Bien conoce, como litigante interesado, que los bancos obtuvieron con esos recursos legales un espacio de negociación adicional. Tal confianza deriva de la factible solidez del alegato jurídico que emprendieron los bancos, pero además, por la serie encadenada de trámites que haría alargarse el proceso hasta, previsiblemente, llegar a la postrera instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El tiempo consumido pondría presión adicional sobre el gobierno en su conjunto frente al canje esperado de los pagarés de Fobaproa por los bonos de deuda que con seguridad extenderá el IPAB. Y ello sería así debido al traslado que la tensión generada tendría sobre la conducción de la economía dadas las previsibles reacciones de calificadoras de riesgos, inversionistas y demás fuerzas que desplegarían las centrales metropolitanas de los bancos afectados, tres de ellos con un músculo financiero y político innegable. Ya de por sí la cascada de reconvenciones y hasta amenazas de catástrofes inminentes se oye por doquier que alguien le dé una bocina a las corredurías y a sus centros de análisis.

La disidencia panista del previo acuerdo con el que se preveía dar respaldo a la ASF descompone el panorama reivindicatorio iniciado por indignados legisladores contra los irregulares y hasta ilegales procedimientos de los bancos en los que se incluyen los responsables de dirigir el Fobaproa. Los bancos podrán, si aprovechan bien el resquicio abierto por Fernández de Cevallos, llegar a lo que desde un inicio se quiso imponer: hacer los mayores descuentos (hasta dejar las penas en alrededor de 500 millones) a los pagarés mediante la conducción de auditorías ad hoc que sepulten, de una buena vez, los continuos reclamos de tantos más cuantos ciudadanos hastiados por los continuos abusos y la impunidad de los poderosos. Las posturas de la administración de los gerentes que está disputando ante la SCJN las capacidades de la ASF para ordenar al IPAB descontar la cartera irregular coinciden a la perfección, ahora sí y de esta habilidosa manera, con su partido.

Quedan, sin embargo, varios recursos para defender el interés de la hacienda pública. La acción combinada de los legisladores del PRD con los del PRI, en tanto puedan éstos coincidir con lo ordenado por la ASF, es uno de ellos. Otro, los acuerdos que puedan llevarse a término dentro del nuevo balance de fuerzas en la Cámara de Diputados. La decidida intención del auditor González de Aragón de ir sin titubeos a fondo no es, para nada, despreciable. Y, no menor tampoco, la factible intervención de la SCJN, que bien podría atraer, antes de que le llegue por un dilatado conducto normal, este diferendo que tanto costará a los contribuyentes. Sobre todo porque ya los ministros de la Corte conocen del asunto a través de la controversia y la inconformidad, posteriores a la primera resolución favorable a las atribuciones de la ASF, que interpuso el Ejecutivo federal para cimentar sus posturas en este delicado caso.

En realidad, la SCJN tiene que poner en movimiento, con atingencia y prontitud, sus responsabilidades, palancas que ajustarían el balance de poderes que el elector ha ido diseñando con sus votos. El pivote económico mayor en esta etapa de franco estancamiento en que se han transformado los recursos energéticos del país se presenta como el asunto crucial del presente. Sin duda, el futuro tanto de la fábrica nacional como de la administración actual se verán afectadas por el desarrollo y tratamiento que se le permita al sector. La misma plataforma en la que habrán de basarse las ofertas partidarias para la venidera campaña, ya en marcha hacia 2006, mucho tendrá que ver con los energéticos, su posesión y uso.