Sostiene la PGR que no existen elementos para ejercer acción penal contra ellos

Exoneran a Barrio y Romero Ramos de acusación por despojo de terrenos

El subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Javier Vega Memije, informó que el Ministerio Público Federal (MPF) no encontró elementos para ejercer acción penal en contra de Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, próximo coordinador de los diputados del PAN en la 59 Legislatura y secretario de la Función Pública, respectivamente, quienes fueron acusados de los delitos de despojo, fraude, abuso de autoridad, peculado y otros. Sin embargo, indicó que la exoneración no significa que las investigaciones hayan concluido.

Vega Memije indicó que la estadunidense María Blanca Josefina Franco Carrasco, quien denunció a Barrio Terrazas y a 16 personas más de haberse apropiado ilegalmente, en 1997, de 2 mil 712 hectáreas en una zona industrial y comercial de Ciudad Juárez, cuando el ahora diputado fungía como gobernador de Chihuahua, no pudo acreditar el cuerpo del delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios. Asimismo, agregó que Franco Carrasco tiene cinco días para presentar una apelación formal a la determinación del MPF.

El pasado 20 de marzo Franco Carrasco dio a conocer que la demanda inicialmente fue presentada en febrero de este año en la delegación estatal de la PGR en Chihuahua, pero fue atraída días después a la sede central de la procuraduría por órdenes de Vega Memije, entonces subprocurador B de Procedimientos Penales. Según la demandante, la propiedad reclamada había sido heredada a Franco Carrasco por sus padres, pero Barrio -aprovechando el cargo de gobernador- ordenó a funcionarios estatales que visitaran a la estadunidense, quien radica en Phoenix, Arizona, para que otorgara poderes notariales con el propósito de que cediera 26 hectáreas de su terreno en favor del gobierno de Chihuahua para edificar viviendas de carácter social. Sin embargo, el citado documento, que fue avalado por autoridades mexicanas, se utilizó para ceder al ahora legislador federal las 26 hectáreas. AMO