Gestores del Grupo Metropolitano de Transporte los acusan de agresión

Ex trabajadores de Ruta 100 exigen a legisladores intervenir en el conflicto

Recuperaremos los 3 módulos tomados por el grupo disidente, advierte Gabino Camacho

LAURA GOMEZ FLORES Y BERTHA TERESA RAMIREZ

Miembros del Sindicato Unico de Trabajadores de la ex Ruta 100, que mantienen tomados los módulos de Santa Marta y Canal de San Juan desde hace cuatro días, fueron acusados por dos gestores del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), que encabeza Gabino Camacho, de haberlos agredido luego de que los primeros se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para exigir su intervención para que el gobierno capitalino cumpla los acuerdos políticos firmados en 1996 y 1999.

El dirigente de la Alianza Corporativa, Jorge Cuéllar Valdés, refirió que en esos años el entonces regente, Oscar Espinosa, y la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, se comprometieron a entregarles mil 133 concesiones de autobuses y 900 de taxis y vigilar la distribución de los recursos por la venta de 30 propiedades del organismo, valuadas en 2 mil millones de pesos.

Ello, además de los recursos generados por las cinco empresas constituidas con 30 por ciento de la liquidación de 8 mil 200 trabajadores: Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, Servicios Metropolitanos 17 de Marzo, Transportes Urbanos Nuevo Milenio, Sistema de Transporte en Taxis y Talleres Industriales en Dísel, con un valor de 42 millones de dólares e ingresos diarios por un millón de pesos.

Sin embargo, a siete años de distancia "los únicos que se han enriquecido son Gabino Camacho, Ricardo Barco y Fernando García, quienes tienen en sus manos al GMT y el holding de las empresas, y se han negado a distribuir los bienes muebles e inmuebles del extinto organismo", denunció Cuéllar Valdés en la Asamblea Legislativa adonde acudieron a solicitar la intervención de los diputados locales.

"Las autoridades no nos dejaron otro camino al argumentar que se trata de un asunto intergremial y no están dispuestas a apoyar la conversión de las empresas en cooperativas, en beneficio de quienes aportaron 30 por ciento de su liquidación -21 millones de dólares- para constituirlas, y entregaron a las entonces autoridades una cantidad similar para las gestiones ante Banobras", abundó.

En tanto, el gobierno capitalino destinó ayer 300 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros para cubrir las 12 ramales que cubrían las 360 unidades del GMT.

Tras el mitin realizado en las escalinatas de la ALDF, los ex trabajadores de la Ruta-100 se dirigieron al Senado de la República para solicitar también su intervención, pero unos metros antes se percataron de la presencia de un Tsuru gris, con permiso de circulación del estado de México, en el cual viajaban José Santos Palma y Rosendo Camarena, gestores del GMT.

A la voz de "ahí viene la gente de Ricardo Barco a provocarnos", una veintena de inconformes se lanzaron contra el vehículo, que tenía las ventanillas abajo, y trataron de sacar a sus ocupantes a la fuerza, sin éxito. La intervención oportuna de policías del Centro Histórico impidió que la violencia se desbordara. Los gestores recibieron algunos golpes en el rostro, mientras el vehículo presentaba abolladuras y rayones.

Por los hechos, Gabino Camacho Barrera, representante del GMT, informó que analizan presentar una nueva denuncia, que se sumaría a la interpuesta el lunes por secuestro e intento de homicidio contra él, toma por la fuerza de los módulos 41 y 51 de Santa Marta, y 13 de Canal de San Juan. Advirtió que están dispuestos a "recuperar lo que por derecho nos corresponde si la procuraduría no interviene".

Reiteró que "no se trata de una pugna intergremial sino de una agresión de un grupo disidente, que encabeza Jorge Cuéllar, en contra de las unidades de producción, constituidas con mucho sacrificio por parte de los ex trabajadores de Ruta 100".

Insta Martí Batres a ponerse de acuerdo

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dijo que el Gobierno del DF no puede definir arbitrariamente a quién le entregará las concesiones que forman parte de los convenios laborales que suscribieron los ex trabajadores con las autoridades al momento de la liquidación de Ruta 100.

Indicó que si los dos grupos en conflicto se ponen de acuerdo eso allanaría el camino, o de lo contrario lo tiene que dirimir una autoridad juridiccional.

Agregó que hay dos caminos para resolver el conflicto: uno es que los grupos que integraron la Ruta 100 llegen a un acuerdo sobre la asignación de los derechos correspondientes, que implican la entrega de concesiones y el reconocimiento de la comisión liquidadora.

En tanto, el dirigente del PAN en el DF, José Luis Luege Tamargo, dijo que las autoridades del DF no pueden ni deben deslindarse del conflicto que enfrentan los ex trabajadores de la Ruta 100, pues afecta a uno de los servicios más importantes para los habitantes de la ciudad, como es el transporte público. Criticó las declaraciones del subsecretario Martí Batres en el sentido de que la administración local no puede intervenir en este problema, ya que no debe actuar a favor de ninguna de las partes. Consideró que el funcionario miente "y pretende sorprender a la ciudadanía, pues el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF establece claramente las facultades y obligaciones que las autoridades capitalinas tienen en la materia".