Deberían ser juzgados en Argentina los involucrados en delitos de lesa humanidad, dice

Los indultos militares se obtuvieron por la extorsión de amenazas golpistas: Kirchner

Menem reaparece en el mundo político y condena eventuales extradiciones de ex represores

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 30 de julio. El presidente Néstor Kirchner se lanzó hoy contra las leyes y los indultos que consagraron la impunidad de los represores de la última dictadura militar (1976-83), al sostener que los militares involucrados en delitos de lesa humanidad deberían ser juzgados en Argentina, mientras que el ex mandatario Carlos Menem reaparecía con una virtual amenaza golpista.

En una rueda de prensa en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador de ese distrito, Felipe Solá, el mandatario instó al Congreso a debatir la anulación de dichas leyes que fueron obtenidas "bajo la extorsión de golpes de Estado".

Kirchner, quien asumió el poder en mayo, enfrenta una fuerte campaña mediática impulsada por los militares vinculados a la dictadura junto a la derecha fundamentalista que incluye a seguidores del ex presidente Carlos Menem, quien resucitó de entre las cenizas políticas para atacar las eventuales extradiciones de ex represores.

El gobierno, que la semana pasada derogó un decreto presidencial que impedía extraditar a los acusados de crímenes de lesa humanidad, para que sea la justicia la que decida finalmente sobre el tema, tomó además otra fuerte decisión al nombrar al general retirado Martín Balza como embajador en Colombia.

Quizá no haya alguien más odiado en las filas de los llamados "dinosaurios" de la pasada dictadura que este jefe militar, el primero que realizó una autocrítica pública de lo actuado durante aquel régimen que dejó 30 mil desaparecidos. Balza aseguró que su desempeño como embajador estará de acuerdo con las instrucciones impartidas por Kirchner en la línea de la "autodeterminación de los pueblos".

El mandatario recordó hoy: "Toda la vida dije" que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986 y 1987) "son inconstitucionales desde mi punto de vista.

"Si desaparecen las normas que generaron la impunidad -destacó- podrán ser juzgados en Argentina" los 46 represores solicitados ahora por el juez español Baltasar Garzón, la mayoría de los cuales ya están detenidos o han sido puestos a disposición de la justicia por orden del magistrado argentino Rodolfo Canicoba Corral.

Los familiares de las víctimas de la dictadura también estiman que lo ideal sería que se les juzgara aquí y luchan por la anulación definitiva de las leyes de impunidad, pues además están preocupados por la actitud de la fiscalía española, contraria a los juicios llevados por Garzón.

Aunque el Congreso puede pedir la nulidad de las leyes, y considera un debate sobre el tema próximamente, finalmente es la justicia la que da la última palabra.

Por lo pronto, la Cámara Federal de la norteña provincia de Salta declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en una resolución donde se ordena la detención de dos responsables de la llamada Masacre de las Palomitas, en 1976. Respondiendo a un juez que reabrió una investigación por el asesinato de 12 detenidos en aquel episodio, la Cámara señaló en su resolución que la impunidad que estas leyes trajeron aparejada "respecto de delitos aberrantes generaron en la sociedad una sensación de desconfianza, intranquilidad e inseguridad que se advierte hasta estos días y se proyecta en el futuro".

Todo parece encadenarse para allanar el camino hacia la recuperación de una justicia plena, ya que esta mañana la Cámara de Diputados aceptó por unanimidad 12 cargos contra el ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor, al que algunos llamaron el "cerebro de la dependencia menemista". Precisamente este fue uno de los magistrados que lograron mantener el esquema de la impunidad.

Esto ha derivado en una campaña golpista que tuvo su nota política cuando Menem salió de su ostracismo para advertir que derogar el decreto de extradición dictado por el gobierno de Fernando de la Rúa, como lo hizo Kirchner la semana pasada, "estaría provocando la vuelta latente a ejercer la dictadura militar".

Menem sostuvo en estos días reuniones con el general Ricardo Brinzoni, que fue retirado junto con toda la cúpula militar por el nuevo gobierno. Este ex jefe castrense y otros han hecho declaraciones contra la gestión de Kirchner. Informes de medios ligados con los sectores de la marina involucrados en la dictadura y otros ligados a servicios de inteligencia del pasado, han escrito que "si hay crisis militar habrá un solo culpable", en alusión al mandatario.

"Estas leyes hoy son cuestionadas por los organismos de derechos humanos y por la izquierda marxista, sobre la que el presidente Kirchner vuelca toda su simpatía y afecto; y pareciera ser que para identificarse más aún con la misma enarbola y hace flamear la bandera de la impunidad, que es la pieza acusatoria de las bandas terroristas", dice Informe Confidencial.

Otro periódico ligado a los mismos sectores, La Nueva Provincia, señala: "No son los juicios de extradición el fin último de esta nueva ofensiva contra los militares del proceso y, por extensión, contra las instituciones castrenses. La ley impone límites a estos juicios. El principal, que ningún argentino acusado de delitos cometidos en su propia tierra pueda ser sometido contra su voluntad a un juez extranjero. Mal podría ser, entonces, la entrega de 46 imputados el designio final que incuban las asociaciones que lucran con los derechos humanos... Más que una ley, lo que reclaman los energúmenos del humanitarismo sería una ficción de ley".