Reporte de la correduría Merrill Lynch

Graves consecuencias para la banca si se aplican descuentos por el Fobaproa

ROBERTO GARDUÑO

La correduría internacional Merrill Lynch elaboró un reporte, incorporado a su área Global emerging markets, donde concluye que mientras el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no asuma los pagarés del Fobaproa, es decir, no se concrete el canje de pagarés, el instituto no tiene ni técnica ni legalmente el mandato o la aprobación del Congreso de la Unión para que se otorgue el pago de los documento de capitalización y compra de cartera en poder de Bancomer, Banamex, Bital y Banorte.

De acuerdo con un reporte de 58 páginas titulado Revisión del Fobaproa, de fecha 25 de julio del 2003 -en poder de este diario-, la correduría da a conocer un extenso recuento de las acciones llevadas a cabo por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, donde se establece que si se aplican los descuentos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó realizar a los cuatro bancos, esas instituciones enfrentarían serios problemas de liquidez que ocasionarían graves consecuencias para el sistema bancario.

En ese sentido la ley del IPAB, en su artíuculo 28, establece claramente la posibilidad de dar apoyos financieros gubernamentales a las instituciones bancarias, con la diferencia de que esta vez sería a cambio de acciones del capital de los bancos, por lo que el gobierno federal terminaría siendo socio en lugar de ser deudor de las instituciones bancarias, esto es, que los contribuyentes mexicanos serían socios del banco y no deudores de ellos.

De hecho, el documento establece dos escenarios para aplicar en torno al rescate bancario: el primero señala la posibilidad de la no liquidación de dichos pagarés o una importante reducción en el valor de los mismos, y el segundo las implicaciones que tendría para las finanzas públicas el pago de dichos pagarés y la conversión de éstos a Certificados de la Tesorería (Cetes).

Señala también la importancia del debate que se ha generado entre el Congreso federal y los bancos sobre la naturaleza del trabajo del auditor canadiense Michael Mackey, el cual se ha manifestado hasta en la Suprema Corte.

La correduría internacional establece la posibilidad de que el IPAB se vea imposibilitado a liquidar los pagarés del Fobaproa, si no se da el cumplimiento del mandato del Congreso a través del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB. En ese ordenamiento se refiere la necesidad de aplicar una nueva auditoría a las instituciones implicadas en las irregularidades detectadas durante el rescate bancario, posibilidad a la que los bancos se han negado.

Por su parte, Dolores Padierna, futura diputada federal del PRD, manifestó que los pagarés de capitalización y compra de cartera entregados a los bancos ascienden en total a 150 mil millones de pesos, y en valor histórico superan los 225 mil millones.