Llama Batres a las partes a dirimir problemas en el marco de la ley

Tensa calma entre grupos del Sutaur

"Si la sangre corre al río, será culpa de las autoridades", advierten representantes de GMT

LAURA GOMEZ FLORES

Frente a la determinación de las autoridades capitalinas de no intervenir en el conflicto entre ex trabajadores de Ruta-100 ni confiscar las cinco empresas del Grupo Metropolitano de Transporte en litigio, Jorge Cuéllar Valdés, presidente de la comisión liquidadora del Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100), anunció que acudirán hoy a la Asamblea Legislativa y al Senado para solicitar apoyo.

Mientras, los representantes del GMT, Fernando García, Ricardo Barco y Gabino Camacho, dieron de plazo hasta mañana a la procuraduría capitalina para que proceda legalmente contra "quienes tomaron los módulos de Santa Marta y Canal de San Juan el sábado pasado para desalojarlos", pues de lo contrario "nos organizaremos y retomaremos lo que por derecho nos pertenece.

"No les diremos cuándo, ni a qué hora, porque sería ponerlos en alerta, pero si la sangre corre al río será culpa de las autoridades, quienes se mantienen al margen con el argumento de que es un asunto entre particulares, porque varios de sus funcionarios están involucrados y no han aclarado a Cuéllar que no tiene derecho a juegos de placas ni concesiones para autobuses, como pretende en una torcida interpretación de los convenios que fueron firmados con anterioridad", indicaron.

Fernando García explicó en entrevista que aun cuando la gente de Cuéllar se encuentra pertrechada con tubos, varillas, bombas molotov, palos y piedras en los módulos, donde desde hace tres días no salen 360 camiones a laborar, están dispuestos a arriesgarse porque el gobierno ha actuado de manera "muy extraña. Primero les permite realizar una asamblea en la que se nombró la comisión liquidadora del Sutaur 100 de manera ilegal, en el Salón de Armas de la Magdalena Mixhuca, y después no hace nada para desalojarlos."

Explicó que la titularidad de la comisión está en litigio en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y mientras no concluya el proceso no es posible distribuir los bienes muebles e inmuebles del GMT, entre los que "no está la entrega de autobuses ni concesiones para nuevas unidades para la agrupación disidente", precisó.

Ayer al mediodía el subsecretario de Gobierno, Martí Batres, informó a los disidentes que ha cumplido con los compromisos asumidos con las empresas que ellos formaron, de las cuales algunos fueron integrantes, por lo que "nos encontramos frente a una controversia entre particulares, por lo que ésta deberá ser ventilada ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, porque no podemos intervenir en asuntos intergremiales".

Los exhorta asimismo a que los problemas internos que tienen sean resueltos en el marco de la ley, la vía pacífica, el diálogo y el respeto, para no afectar los servicios que requiere la ciudadanía.

Reiteró que "no se está en posibilidades de intervenir administrativamente las empresas y convertirlas en cooperativas, como solicitan", y aclaró que no se está "defendiendo a la gente de Barco o tenemos intereses particulares en este asunto".

La respuesta del funcionario fue criticada por Cuéllar y su gente, quienes en asamblea acordaron solicitar la intervención de la Asamblea y el Senado, además de reiniciar la operación de los 360 autobuses que se encuentran en los módulos.

La toma de los módulos 10 y 20 del GMT, que prestan servicio de manera normal, no está descartada "si las autoridades se mantienen al margen con el argumento de que se trata de un asunto intergremial, permitiendo que un pequeño grupo de ex dirigentes lucre con nuestro patrimonio, como es el caso de Camacho, Barco y los hermanos Mendoza Larragive, que tienen en sus manos la organización", advirtió.