Unas horas después de que los responsables nacionales de Gobernación, Seguridad Pública y procuración de Justicia anunciaran con bombo y platillo en Ciudad Juárez un plan tardío, confuso e insuficiente para reforzar la seguridad de las mujeres en esa ciudad fronteriza, policías estatales descubrieron los cadáveres de tres jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas el pasado domingo.

Cabe esperar que los secretarios de Gobernación, Santiago Creel; Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; el procu-rador Rafael Macedo de la Concha, el gobernador Patricio Martínez, así como el procurador de Chihuahua y el alcalde juarense, sean capaces de comprender que estos tres nuevos homicidios representan, también, otros tantos desafíos colocados sobre sus respectivos escritorios por los criminales que, durante más de una década, han segado la vida de tres centenares de mujeres en esa localidad chihuahuense sin que, hasta la hora actual, las autoridades federales, estatales y municipales hayan sido capaces de resolver en forma satisfactoria y creíble ni uno solo de esos crímenes.

A juzgar por las críticas formuladas al programa gubernamental de seguridad anunciado anteayer --considerado "una tomadura de pelo", para el cual no se tomó en cuenta a las organizaciones de familiares de las víctimas ni siquiera para invitarlas a la presentación--, estas tres nuevas muertes no serán saldadas con la justicia, sino con la impunidad.

Y es que, además de las misteriosas "40 acciones" mencionadas --pero hasta ahora no detalladas-- por Creel Miranda y del patrullaje policiaco ofrecido por Gertz Manero, para esclarecer los asesinatos pasados y evitar nuevos homicidios es necesario, antes que nada, sa-near a fondo los cuerpos policiales --los municipales, los estatales y los federales-- y las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Se requiere, además, escuchar a los familiares de las víctimas, que son quienes más lejos han llevado las investigaciones.

Es necesario, asimismo, poner de lado los evidentes y deplorables jaloneos políticos entre la autoridad municipal, el gobierno de Chihuahua y el Ejecutivo federal y las intrigas burocráticas que han impedido, hasta la fecha, responder con eficacia a la imparable masacre de mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres en Ciudad Juárez.

La delincuencia organizada está tan segura de su propia fortaleza y de las debilidades, incoherencias y pugnas internas de las autoridades, que se ha dado el lujo de colocar, sobre la mesa en la que se anunció el "Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez", tres nuevos cadáveres. Los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de terminar con el oprobio nacional de los homicidios impunes de mujeres en esa ciudad, no sólo porque así lo manda la ley y porque así lo exigen la ética y el sentido común; no sólo por humanidad, por interés político y por decoro, sino también para evitar que el país entero, con su indiferencia creciente y aun su cinismo, siga volviéndose cómplice de los asesinos.