Gustavo Gordillo

Dándole una manita a la invisible

Brasil no crece hace 20 años, pero no distribuye el ingreso hace 30, señaló hace algunos meses en una importante entrevista el ministro de Hacienda de Brasil, Antonio Palocci. Comparando las décadas de 1960 y 1970, en las dos persiste un crecimiento casi nulo de ingreso por habitante. Una continuidad y una resistencia aún más antigua puede observarse en los indicadores de la distribución del ingreso. El 10 por ciento más rico de la población se queda con 50 por ciento del ingreso nacional, y el 50 por ciento más pobre apenas se lleva 10 por ciento de ese monto.

El ámbito social y económico brasileño se había caracterizado por enormes variaciones del tipo de cambio y las tasas de interés, así como por los graves desequilibrios fiscales en las décadas recientes, que provocaron inflación elevada e incrementos en la relación deuda-PBI.

La política económica en los primeros meses del mandato de Luiz Inacio Lula da Silva expresa los dilemas a los que se enfrentan los diseñadores de políticas económicas que no aceptan que exista una sola fórmula de éxito, entre otras poderosas razones porque la fórmula única no ha tenido muchos éxitos que digamos. Pero que tampoco aceptan la conveniencia de alguna forma de regreso al pasado, porque el pasado realmente nunca pasó. Se quedó, con variantes en cada país de la región.

Los científicos sociales críticos de la política económica actual han emitido un manifiesto denominado Agenda interdictada, haciendo un juego de palabras con referencia al documento denominado Agenda perdida. Esta última expone un conjunto de diagnósticos y propuestas de carácter estructural que serían llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda del nuevo gobierno. Entre las políticas que más ruido han generado se encuentra la referente a un ajuste de cuentas públicas con superávit primario.

Los firmantes de la Agenda interdictada manifiestan que, pasado más de un decenio en que el experimento neoliberal viene siendo practicado en Brasil, es hora de un balance o de un cuestionamiento: Ƒhasta cuándo el crecimiento con redistribución del ingreso será negado a la sociedad brasileña? Es necesario un cambio en el rumbo de la política económica.

Sintéticamente sus propuestas son: controlar el flujo de capitales externos, medida ya enfáticamente rechazada por el ministro de Hacienda, Antonio Palocci. También proponen reducción del superávit primario, ampliación de los gastos públicos, con prioridad en educación, salud, seguridad y asistencia habitacional; reducción significativa de la tasas de interés; promoción de inversiones públicas y privadas en saneamientos e infraestructura; ampliación de las políticas de incentivos a las exportaciones y a la sustitución de importaciones, y una política de ingresos pactada para el control de la inflación.

La otra vertiente, los economistas de la Agenda perdida, sistematizan una parcela de evidencias empíricas relevantes y proponen una política educacional intensiva, puesto que 40 por ciento de la desigualdad de la renta de trabajo en Brasil está correlacionado con una desigualdad en el grado de escolaridad.

La Agenda perdida sentó las bases para la formulación del documento Política económica y reformas estructurales, que ha presentado las prioridades de la agenda económica del Ministerio de Hacienda para este año. Sus objetivos de política económica constan de tres ideas esenciales: la necesidad de retomar el crecimiento económico sustentable de la economía brasileña; la comprensión de que ésta pasa por un periodo de transición, que incluye un proceso de ajuste macroeconómico y reformas estructurales, y el aspecto central: la opción por un proyecto de desarrollo económico que tenga a la inclusión social como su eje, enfrentando a corto plazo los problemas graves, como la subnutrición y la extrema pobreza. La política macroeconómica propuesta es relativamente ortodoxa, con dos ingredientes importantes: una reforma fiscal profunda para aliviar la relación deuda-PBI, que presenta valores muy elevados, y el propósito, también clave, de una reforma de la previsión social que, además de ser un tema financiero, es cuestión de justicia social. El gobierno federal gasta 33 billones de reales para pagar jubilaciones y pensiones de un millón de beneficiarios. En cambio, el sistema previdenciario del sector privado utiliza aproximadamente 88 billones de reales para el pago de cerca de 18 millones de beneficiarios.

Pero más allá de las diferencias mencionadas, el debate actual está vinculado a la eficacia de los programas sociales del gobierno para atender a la población realmente pobre. Este debate dentro del debate ha configurado dos posturas que podrían presentarse como antagónicas: focalización versus universalización.

Se podría argumentar que se trata de un debate filosófico. No es así, porque la pobreza en nuestros países está absolutamente ligada con los niveles más agudos de desigualdad social en el mundo, y este vínculo cambia el contenido, la forma de instrumentar y el impacto de cualquier programa antipobreza.

Con grandes discrepancias en muchos temas, en lo que parece haber acuerdo es en que, como bien decía Adam Smith, la mano invisible necesita una "ayudadita".