León Bendesky

Cambio en el Banco de México

Para ser más que una frase repetida y desgastada del modo convencional de hacer política y de veras convertirse en un asunto que se toma en serio, la transición en México tiene que incluir el fortalecimiento de las instituciones de la República. Pero la fragilidad institucional es hoy, todavía, uno de los rasgos característicos de la vida colectiva, y se advierte de manera notoria en el sector financiero.

Mientras las instituciones tengan cimientos débiles no podrán expresar los acuerdos para ordenar las relaciones sociales que involucran los vínculos con el Estado, y tampoco aquellas que se ubican en el terreno del mercado. Ellas seguirán careciendo de legitimidad entre la gente y siendo objeto del control abierto o velado en unos casos y del ataque en otros, de los grupos con más poder, los que aún pueden lucrar con las estructuras políticas y económicas, que no sólo se resisten a cambiar, sino que se afianzan en el país.

No es casual que el "gobierno del cambio" haya mantenido intacta la organización y el modo de funcionamiento del sector financiero. El argumento que se usa para justificar tal decisión es que así se mantiene la confianza del mercado, es decir, de los hombres y de las empresas que colocan aquí sus inversiones ya sean productivas o especulativas. Eso supone la aceptación de que las condiciones que prevalecen en la economía mexicana son favorables y que, por ello, debe conservarse e incluso reforzarse la forma de gestión que se heredó de los últimos gobiernos del PRI.

Dicho supuesto es muy discutible, a pesar de las certezas que dice tener el gobierno y que comparte en el fondo un segmento relevante de los grandes empresarios. Lo que heredó el gobierno de Vicente Fox, entre otras cosas, fue una economía desgajada productivamente, una profunda debilidad fiscal y un sistema financiero disfuncional, condiciones todas ellas que restringen la capacidad de crecimiento y de mejoría en el bienestar social. La economía está sometida a los criterios, modos de operación y a la red de intereses que configuran quienes han administrado el sector financiero dentro del gobierno y desde los bancos y casas de bolsa. Este proceso empezó con las reformas aplicadas por De la Madrid, siguió con la privatización bancaria de Salinas, y culminó con la crisis provocada por Zedillo. El costo económico y social ha sido inmenso y se extenderá aún por mucho tiempo.

El Banco de México ha sido una institución clave en esta historia. Era una fuente de financiamiento directo del gobierno, regulaba el crédito, estaba encargado de una parte de la reglamentación y supervisión de los bancos comerciales, participaba en la definición de la política cambiaria. Como tal fue un actor principal en la gestión del endeudamiento externo, en la nacionalización de los bancos y en la aplicación del control de cambios en la década de 1980. En ese periodo, el banco central, que tiene entre sus responsabilidades esenciales el resguardo de la estabilidad monetaria, presidió una época de altísima inflación, que desde entonces hasta ahora llega a un nivel acumulado del orden de 90 mil por ciento. Esa no es la expresión de un arreglo institucional benéfico para el país y, en cambio, fue parte del desquiciamiento del sistema económico, de la fractura de los mecanismos de intermediación y de financiamiento por medio del crédito y de la gran concentración del ingreso y de la riqueza que marca a esta sociedad.

En 1994 el banco central tuvo un cambio relevante en su organización y en su lugar dentro de la administración pública. El 1º de abril de ese año entró en vigor una nueva Ley del Banco de México. En su primer artículo consigna que se regirá por lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 28 constitucional, que a la letra dice: "El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento".

El Banco de México es, entonces, una entidad autónoma, confirmada por el hecho que no se le puede ordenar conceder financiamiento al gobierno. Pero ello no significa que sea independiente, en el sentido de no tener que informar y dar cuentas de sus acciones al Congreso, precisamente para garantizar que el objetivo de contener la inflación fortalezca la rectoría del Estado en el desarrollo. Si bien en los años recientes se han abatido las presiones sobre el crecimiento de la inflación, el Estado no ha reforzado su capacidad rectora en la economía, sino que incluso se ha debilitado. El banco central actúa como si estuviera por encima de los demás poderes e instituciones. Con ello ha reforzado su espíritu de cuerpo, que marca el funcionamiento del sector financiero con todo y sus vicios. Así, se ha afincado su inmunidad en cuanto al papel que tiene en la gestión de un sistema bancario inoperante y con muchas explicaciones pendientes, que surgieron de la debacle financiera de la crisis de 1995.

El Fobaproa, fuente de grandes conflictos y controversias, era un fideicomiso de carácter privado administrado por el Banco de México, por lo que esta institución y sus funcionarios tienen una responsabilidad directa en la gestión de la crisis, en los costos que ésta cargó sobre la población y en la fractura del circuito del crédito en el país. Los funcionarios del BdeM, que desempeñaban funciones ejecutivas relacionadas con esa gestión han actuado como jueces y parte de esa disputa desde su inicio y hasta hoy, y esa situación no debe prevalecer.

La institucionalidad financiera de la que el Banco de México forma parte esencial está cuestionada. En ese entorno, las personas son expresión de la solvencia legal y moral de las instituciones a las que representan. El gobernador Ortiz es hoy un personaje ligado de manera que no se puede disociar de esa condición. Durante 12 años (1977-1988) fue funcionario del Banco de México y los siguientes nueve tuvo altos cargos en Hacienda, seis de ellos como subsecretario (1988-1994) y tres (1994-1997) como secretario -en el periodo de la crisis-; desde 1998 es gobernador del banco central. Es necesario decir que esta referencia no implica ninguna consideración de índole personal o cuestionamiento alguno de su experiencia y probidad profesional. El argumento se remite únicamente al tema que ocupa a este artículo, y que es el fortalecimiento de los acuerdos que contribuyan a cambiar el orden prevaleciente hacia una sociedad que funcione mejor, en que la transparencia de las actividades públicas sea real y efectiva, incluyendo las acciones del gobierno y sus relaciones con los intereses privados.

Las fricciones políticas y financieras surgidas especialmente desde 1995, sobre todo alrededor del rescate bancario mediante el Fobaproa, son elementos del entorno político prevaleciente. En 1998 varios partidos en el Congreso -entre ellos el PAN- promovieron fincar juicio político a diversas autoridades por su responsabilidad en la crisis bancaria; entre ellas estaban el propio Ortiz, Gurría (ex secretario de Hacienda), Arrigunaga (responsable del Fobaproa), Fernández (presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y Mancera (anterior gobernador del banco central). Pero tal vez la anomalía más ostensible que prevalece en la institucionalidad del sector financiero, que envuelve directamente a Ortiz, está expresada en el artículo 2 transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que creó el IPAB en enero de 1999 y que, como se sabe, es la institución que eventualmente debe sustituir los compromisos del Fobaproa y administrar el endeudamiento derivado del rescate bancario de 1995. El artículo establece: "Ninguna persona que haya sido secretario de Hacienda, gobernador del Banco de México o presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter miembro del Comité Técnico del Fobaproa de 1995 a 1997, podrá participar en la Junta de Gobierno del instituto ni fungir como secretario ejecutivo".

Esta ley fue promovida por Acción Nacional y fue hecha, como puede apreciarse, con una intención específica, dirigida con nombre propio para excluir del funcionamiento del IPAB al gobernador Ortiz, único personaje que cumple con la descripción del artículo 2 transitorio antes citado. Es ese partido y sus miembros, que entonces estaban en la oposición, quienes marcaron a Ortiz por lo que consideraron su inadmisible participación política y administrativa en la gestión de la crisis bancaria. Es ese mismo partido, ahora en el poder con Fox, el que quiere ratificar a Guillermo Ortiz como gobernador del banco central. Esto no sólo es una anomalía política, sino un ataque deliberado contra las instituciones y su papel en la organización social. Es un verdadero bumerán contra la credibilidad de esas instituciones y la del propio gobierno. El Congreso volverá a mostrar su lugar en la construcción de los grandes acuerdos políticos nacionales cuando vote por un nuevo gobernador.

El Banco de México requiere un cambio de gobernador para ventilar el orden prevaleciente en la gestión del sistema financiero. Un cambio que genere mayores espacios para aplicar la política monetaria que tiene a su cargo y cumplir con el propósito de alentar, mediante las acciones del Estado, el crecimiento y el desarrollo económicos. La estabilidad macroeconómica apoyada decisivamente desde el lado monetario es hoy una condición favorable, pero seguirá siéndolo sólo con la expansión productiva, la creación de empleos y el aumento decisivo de los ingresos de la población. El Presidente debe optar por seguir consintiendo a los "mercados" que no le retribuyen con mayor inversión y estímulos efectivos para el crecimiento, o aceptar que la gestión financiera del país requiere novedades, otras señales e incentivos y más ingenio para cambiar la tendencia que marca decisiva y adversamente su gobierno, y que es el estancamiento. La continuidad no es su mejor aliado.