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México D.F. Domingo 22 de junio de 2003

El hecho ocurrió el 12 de junio, al margen de las normas de la ONU, señalan expertos

México votó otra vez por eximir a militares de EU de la Corte Penal Internacional

BLANCHE PETRICH

Para evitar un nuevo motivo de molestia a la administración de George W. Bush, México concedió por segunda vez la semana pasada, y aun contra su reiterada posición pública en la materia, su voto en favor de una resolución que exime a tropas estadunidenses en "misiones de paz" en el mundo de ser llevados ante la flamante Corte Penal Internacional (CPI), en caso de una eventual demanda por cometer crímenes de guerra en los múltiples frentes de conflicto donde participan, en este momento, 300 mil soldados estadunidenses.

Esto ocurrió el pasado 12 de junio en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando la semana pasada, ese órgano sometió -fuera de la normatividad de la organización, en opinión de varios especialistas- la propuesta de inmunidad para cascos azules, aprobada por 12 miembros de este instrumento, excepto Alemania, Francia y Siria, que se abstuvieron.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, y la mayoría de países de la organización, México incluido, han criticado reiteradamente esta resolución de excepción -calificada por un diplomático mexicano de auténtica "licencia para matar"- por considerarla "inaceptable y violatoria al derecho internacional".

En su alegato en favor de esta resolución, que determina que los países que no han suscrito la convención de la CPI no están obligados a acatar su jurisdicción, Washington sostiene que la Corte Penal Internacional, que tiene autoridad universal, podría actuar "frívolamente" y politizar el sentido de sus juicios. Este argumento fue rebatido tanto por el secretario general de la organización como por decenas de estados miembros de la ONU, incluido un pronunciamiento de condena de la Unión Europea, así como por la coalición de organizaciones no gubernamentales que desde hace dos años pugna por la vigencia de la CPI.

El año pasado, cuando la inmunidad a las tropas estadunidenses fue aprobada por primera vez en el Consejo de Seguridad, México había anunciado que haría exactamente lo contrario, votar contra la resolución en este sentido.

Poco antes de la votación, el ahora ex canciller Jorge G. Castañeda pronunció un discurso en el que sostenía que cualquier iniciativa que trate de evitar que determinada "calidad" de personas fueran juzgadas por un órgano de jurisdicción universal constituía un serio revés para el derecho internacional.

Pero en cuestión de horas se borró con una mano lo que se había escrito con la otra. En junio, el embajador mexicano ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, tenía listo su discurso explicando las razones por las que México negaba su voto a esa resolución. Horas antes, el presidente Bush llamó por teléfono a su homólogo Vicente Fox y el secretario de Estado Colin Powell hizo lo propio con Castañeda. El contenido de estas charlas no se reveló, pero Aguilar Zinser, una vez más, tuvo que guardar sus palabras en el cajón y votar contra la línea de principios que rara vez ha sido aplicada por esta administración.

En la votación para la renovación de este plazo de inmunidad, que ya no ocurrirá cada año sino que se ampliará automáticamente, México ya ni siquiera escribió discursos ni anunció posiciones. En la sesión del pasado día 12 no pidió la palabra ni emitió una explicación de su voto. Simplemente levantó la mano aprobando la iniciativa de Estados Unidos, Gran Bretaña y España, en una decisión en la que se desoyeron los numerosos pronunciamientos que un día antes se expusieron en la sesión de debate del Consejo de Seguridad que había solicitado Canadá, "al menos para tener la oportunidad de defender a la Corte Internacional".

La representación mexicana ante la ONU también hizo caso omiso del exhorto a votar en contra que antes de la votación le hizo la sección México de la Coalición Internacional por la CPI, integrada por organizaciones de derechos humanos. Incluso el senador panista Tarcisio Navarrete se pronunció en este sentido. Con fecha de 11 de junio el legislador envió una carta a Fox en la que le demandaba oponerse a la resolución estadunidense. "Esto no representaría un acto de confrontación contra Estados Unidos", escribe, y le recuerda que a diferencia de la votación del año pasado, cuando existían condiciones adversas para oponerse a la inmunidad de los cascos azules ya que, debido a la amenaza de Washington de retirarse de todas las misiones de paz en curso, todos los países resolvieron votar en favor de un plazo de 12 meses (salvo Siria, que no acudió a la sesión para evitar la confrontación), este año las condiciones fueron menos adversas, debido a que Francia y Alemania, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, resolvieron abstenerse en lugar de votar en favor. El senador también recuerda al Presidente que la inicial resolución 1422 "modifica de manera ilegítima" el estatuto que crea la Corte Penal Internacional.

Más aún, días antes de la sesión en Nueva York, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo instando a votar contra la resolución.

Estas voces tampoco fueron escuchadas. "Nuevamente, este voto de México es una expresión de la total sumisión de la política exterior mexicana a Estados Unidos", opinó la senadora perredista Leticia Burgos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que da seguimiento al tema de la CPI.

La legisladora señaló que el voto mexicano, avalando la inmunidad de las tropas estadunidenses en situaciones de conflicto mundial, es "una incongruencia" con la iniciativa que envió el presidente Fox a la Cámara de Diputados para que apruebe la ratificación del protocolo de la CPI, lo que obligaría finalmente a México a acatar la juerisdicción universal de ese tribunal.

Pese a que Estados Unidos ha promovido que los estados no suscriban el estatuto de la corte, 129 países lo han firmado y 90 lo han ratificado. México suscribió el acuerdo en diciembre de 2002, pero el Legislativo no lo ha ratificado, a pesar de que la propuesta de reforma legal correspondiente está en las cámaras desde marzo pasado.

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