La firma del decreto de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, realizada ayer por el presidente Vicente Fox, marca la culminación de un proceso legislativo ágil y ejemplar que se inició en noviembre del año pasado, cuando el titular del Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados la iniciativa correspondiente, la cual fue aprobada por ambas cámaras.

Como se señaló en este espacio en abril pasado, cuando el Senado de la República votó en favor de la ley referida, las disposiciones concretas contra la discriminación resultan necesarias y urgentes para hacer realidad el mandato del artículo primero constitucional, que prohíbe "toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Tal precepto es quebrantado de forma cotidiana y hasta estructural en casi todos los ámbitos del acontecer nacional. Cerca de 90 por ciento de la población mexicana cuenta con una o varias características que la hacen propensa a sufrir discriminación: por género, por edad, por condición étnica o socioeconómica, por preferencias sexuales o religiosas, por alguna discapacidad o por capacidades diferentes, por nacionalidad y origen, por ocupación, o por padecimientos que van desde la miopía hasta el sida.

Con esos hechos en mente resulta clara la necesidad de reglamentar y dar viabilidad a la lucha contra la vergonzosa práctica social de la exclusión y la segregación, pero además, como señaló el propio Fox en la ceremonia de la firma del decreto, se requiere un cambio cultural profundo para eliminar la discriminación en todas sus expresiones.

La inminente entrada en vigor de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación es un elemento que prueba la posibilidad de alcanzar consensos políticos para las transformaciones nacionales que el país requiere en el momento presente.

El ejemplo de lo contrario, es decir, de la ineptitud y la falta de voluntad de la clase política, es el empantanamiento del conflicto chiapaneco y de la consecución de un marco legal justo para los pueblos indígenas.

El contraste entre la eficiencia legislativa en un asunto de derechos individuales como la ley contra la discriminación, y la torpeza con que se han manejado las reformas en materia de derechos y cultura indígena, tema de derechos sociales, marca un contrasentido que debe ser superado. La protección contra las discriminaciones no debe beneficiar únicamente a los ciudadanos, sino también a las comunidades.