Magdalena Gómez

Los desafíos del relator de los pueblos indígenas

La visita oficial a México de Rodolfo Stavenhagen en su carácter de relator de pueblos indígenas está generando desencuentros que entrañan una visión polémica a partir de las expectativas que creó su misión.

Las dificultades iniciales para definir la agenda de la visita, el rechazo que en algunas ocasiones ha habido hacia el sitio de reunión propuesto por las organizaciones, así como la cancelación de los ya acordados son incidentes que incluyen a organizaciones de diversas posiciones, pero si a todo ello se aúna el papel que está jugando el acompañamiento oficial a la visita se verá que esos incidentes no contribuyen a generar un espacio de comunicación con el relator, que supere la desconfianza que generó el hecho de que su designación provino de la propuesta del gobierno mexicano. Precisamente retoman dicha consideración para objetar la cancelación de la visita al estado de Guerrero (La Jornada, Rosa Rojas, 4 de junio de 2003).

En ese escenario complejo parece difícil el acercamiento, y más si sumamos las declaraciones que hiciera el relator en entrevista con La Jornada en el sentido de ubicar como factor negativo el hecho de que la contrarreforma de 2001 no cuente aún con ley reglamentaria, cuando los pueblos plantean que se revise la reforma porque no está apegada a los acuerdos de San Andrés. Al respecto llamó la atención que no ubicara a la ley que desapareció al Instituto Nacional Indigenista (INI) como ley reglamentaria, pues formalmente lo es y muestra los alcances y horizontes del indigenismo foxista, por lo que no parecería necesario "esperar a que concluya la administración" para hacer una valoración (La Jornada, Blanche Petrich, 4 de junio de 2003).

Para un sector significativo del movimiento indígena, en especial para las organizaciones agrupadas en el Congreso Nacional Indígena, la entrevista con el doctor Stavenhagen buscaría abundar en elementos que lo lleven a argumentar una posición que se traduzca en un factor que destrabe el conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, una de cuyas piezas claves es la objeción a la contrarreforma referida. Se podría decir que se pide demasiado y frente a ello habría que recordar que espacios como la figura del relator fueron obtenidas por la presión y organización del movimiento indígena en diversos países, no son una concesión graciosa de los estados.

El mandato del relator consiste en "recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades apropiadas para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales". También puede coordinarse con otros relatores de la ONU, así como con expertos independientes.

ƑQué alcances pueden tener estas funciones frente a la situación específica de los pueblos indígenas en nuestro país? Por lo que se refiere a la información es evidente que la experiencia y trayectoria del relator hacen de él un conocedor de la problemática de los pueblos, por lo que en efecto sabe de antemano con qué se encontrará en su visita, y si bien es importante que se documenten causas y procesos específicos, podría prestar un apoyo fundamental en el campo de las recomendaciones, que son parte de su mandato, para promover una visión crítica sobre la actuación del Estado mexicano en materia del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

En la base de muchos de los conflictos que están aflorando en diversas regiones del país está la crisis en el diálogo del EZLN con el gobierno federal, que generó el desaliento hacia el camino del derecho y la política como vía para reformular la relación con el Estado.

Una definición como ésta implicaría que el relator concibiera su función como la de un activo promotor de la paz en nuestro país, lo cual muy probablemente lo convirtiera ante el gobierno en un relator incómodo, como han sido otros. Eso es lo que necesitan los pueblos y en ese marco se ubicarían las condiciones para diagnósticos específicos sobre las muchas y diversas violaciones a los derechos de los pueblos.

Lamentablemente sus expresiones oficiales y públicas parecen reflejar más una visión de relator que informa a la ONU cómo está la situación y que da cuenta de todas las posturas, es decir, de un relator en el sentido literal. Ejemplo de ello fue que en su primer informe oficial consignó la inconformidad indígena frente a la contrarreforma de 2001 y agregó que el Ejecutivo había manifestado voluntad de revisar la reforma. El propio presidente Fox lo ha desmentido reiteradamente en el interior del país, y sobre todo en el exterior, al presumir de que la contrarreforma constitucional es la más avanzada.

Son varias y por supuesto complejas las implicaciones de que se profundice el desencuentro con el movimiento indígena organizado en torno al papel del relator; entre ellas destaco que se vendría a sumar al clima de deterioro y falta de credibilidad en los espacios internacionales, así como en los de nivel interno. Lo más grave de la situación actual es que para los pueblos está en juego la percepción sobre el sentido del derecho como vía para resolver conflictos y regular relaciones, internas e internacionales, golpeado de muerte por la manera en que se procesó el ataque a Irak.