Se buscará que la libertad y la igualdad "sean reales"

Firma el Presidente la ley contra la discriminación

JUAN MANUEL VENEGAS

El presidente Vicente Fox Quesada firmó ayer el decreto con el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La nueva legislación promueve la igualdad de oportunidades y de trato entre los ciudadanos mexicanos, además que genera condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas "sean reales y efectivas", enfatizó el mandatario.

Para garantizar la vigencia del contenido de la ley se procederá -en el transcurso del próximo mes- a la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.

Entre sus atribuciones, se encargará de llevar a cabo las acciones conducentes para "prevenir y eliminar" cualquier tipo de discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades, y coordinar las acciones de las dependencias federales en cuanto a los objetivos que establece la legislación.

Este consejo será dirigido por una junta de gobierno, que conformarán representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Salud, Educación Pública y Trabajo; otros cinco integrantes de la asamblea constitutiva -cuyo encargo, de carácter honorífico, durará tres años-, y representantes permanentes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

"El consejo realizará tareas educativas y de difusión para modificar, de raíz, las concepciones culturales que propician las prácticas discriminatorias, porque sólo mediante un profundo cambio cultural lograremos eliminar las prácticas de desprecio, violencia, exclusión y marginación que sufren muchos mexicanos y mexicanas", indicó Fox.

Para el mandatario, la firma del decreto deberá "quedar asentada como una fecha histórica para nuestro país, ya que se trata de una ley que es resultado de una amplia consulta pública y porque establece que nadie deberá ser excluido de la vida social por su origen étnico, por su género, edad o religión, tampoco por sus opiniones, estado de salud o por tener capacidades diferentes".

Por su parte, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Enrique Jackson Ramírez, destacó que la ley aprobada contempla todos los argumentos jurídicos para "combatir todo aquello que alienta el desprecio y a todos aquellos que promuevan la persecución de individuos y comunidades".

Ahora, dijo, corresponderá al Estado mexicano "garantizar los derechos de los más indefensos, de los más vulnerables y de los más desprotegidos, con la obligación de ser más eficaz para generar un clima de relaciones sociales armónicas con el objetivo de que prevalezca la tolerancia y el respeto a las relaciones entre los individuos".

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Armando Salinas Torre, subrayó que la nueva norma "genera nuevas expectativas para todos, pero en particular para las mujeres, las niñas y los niños, los mayores de 60 años, las personas con discapacidad y los indígenas, que históricamente han sido los sectores más lastimados, reducidos y excluidos".