A menos de dos años de haber asumido la presidencia peruana, Alejandro Toledo enfrenta una ingobernabilidad exasperante y un descontento social generalizado. Ante las movilizaciones de maestros, campesinos, estudiantes y trabajadores de la salud y del Poder Judicial, el mandatario ha suspendido las garantías individuales -libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, libertades de reunión y tránsito- y ha sacado al ejército de sus cuarteles para que patrulle las calles, reprima las marchas populares y persiga a los disidentes. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las tropas de choque del régimen produjeron ayer sus dos primeras víctimas mortales, además de dos decenas de heridos -algunos graves-, en la suroriental ciudad de Puno. De esta manera las autoridades de Lima no sólo asumen una postura abiertamente autoritaria y dictatorial, sino que echan gasolina al fuego del descontento y siembran motivos adicionales para el repudio popular.

Podría parecer incomprensible que un hombre que llegó al poder con un amplio respaldo electoral y elevados niveles de popularidad haya logrado, en menos de dos años de gobierno, un consenso tan rotundo en su contra. La rápida erosión política del mandatario no sólo se expresa en los movimientos sociales de descontento, sino también en indicadores de popularidad cercanos a 14 por ciento.

Es oportuno recordar que las movilizaciones populares comenzaron apenas dos meses después de la llegada de Toledo a la Presidencia, en julio de 2001. A fines de septiembre de ese año, ante la incapacidad o la falta de voluntad del mandatario para enfrentar el desempleo, la insuficiencia salarial, la pobreza, la falta de vivienda y la carencia de servicios de salud, entre otros problemas críticos del Perú, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FNUTSS) convocó a un primer paro nacional. En mayo del año pasado se produjo un generalizado movimiento de protesta ante la terquedad neoliberal de Toledo y su empeño por privatizar las empresas nacionales de electricidad. Para entonces, siete de cada 10 peruanos consideraban que el titular del Ejecutivo no había cumplido sus ofertas de campaña, empezando por la de crear empleos. El mandatario reconoció errores y prometió dar "una nueva dirección a la política económica". Era una mentira más. Ahora el mandatario, acorralado por la violencia y la ingobernabilidad, no encuentra más salida que decretar el estado de excepción, acelerando de esa forma su aislamiento político.

Cabe señalar que, a diferencia de otros recalcitrantes neoliberales latinoamericanos (como Salinas, Menem o Zedillo), que impusieron sus recetas ortodoxas con el respaldo de aparatos corporativos partidistas y de Estado, y que lograron de esa forma contener, corromper o aislar las expresiones de descontento populares, Toledo llegó a la Presidencia sin un apoyo orgánico definido, trepado sólo en la ola de repudio contra su antecesor Alberto Fujimori. Con ese antecedente, es dudoso que pueda mantener su política económica neoliberal, a menos que piense llegar al fin de su mandato -previsto para 2006- sin más recursos de gobierno que el estado de sitio y las patrullas militares, o salvo que no le interese terminar su periodo.