En su primera plana de ayer La Jornada dio a conocer un informe del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el que señala que 30 por ciento de la generación de energía eléctrica en el país se encuentra ya en manos de empresas trasnacionales --algunas de ellas, como Enron, marcadas por corrupción y malversaciones--, en lo que constituye una reforma eléctrica de facto y, al margen de la ley y la Constitución. El documento señala que, ante la inviabilidad política de modificar la Carta Magna y su mandato sobre la exclusividad de la nación para "generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica" (artículo 27), los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox han permitido, en los hechos, una privatización eléctrica creciente.

Así, entre 1992 y 2002, "los inversionistas privados --en su mayoría extranjeros-- establecieron empresas, firmaron acuerdos, se fusionaron, compraron compañías que tenían el permiso de generación e hicieron muchas otras operaciones por medio de las cuales lograron avanzar fuertemente hasta tener 21 por ciento de la capacidad de generación de electricidad en el país".

Ante esos señalamientos, que suponen una severa violación a la Constitución por el titular del Ejecutivo federal que se comprometió a defenderla, cabía esperar al menos una explicación pública del presidente Vicente Fox. Pero ayer, de su parte hubo sólo un nuevo alegato en favor de la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, y un nuevo ejemplo de esta política de hechos consumados: la inauguración, en Tuxpan, de una planta generadora construida por la empresa española Unión Fenosa. El consorcio extranjero no tuvo empacho en reconocer, en un comunicado, que la puesta en marcha de la nueva central "forma parte del programa de liberalización energética emprendido por el gobierno para hacer frente al crecimiento sostenido de la demanda de energía eléctrica".

Al margen de la discusión en pro o en contra de la privatización parcial o total del sector, resulta obligado pedir a la Presidencia de la República que explique en qué consiste este "programa de liberalización energética" realizado, a lo que puede verse, en contra del precepto constitucional.

Ciertamente, no puede excluirse la posibilidad de que un servidor público considere que algún ordenamiento legal se contrapone con su proyecto político, y en tal caso le asiste el derecho de intentar reformarlo por los cauces institucionales. Pero es de elemental sentido cívico que una normativa vigente no debe ser atropellada sólo porque el Presidente no está de acuerdo con ella, como es el evidente caso de Fox con los artículos 27 y 28 constitucionales.

Al parecer, el grupo en el poder no ha cobrado conciencia de la gravedad de esta privatización ilegal, y ni siquiera furtiva, de una importante y creciente porción de la industria eléctrica. Cabe esperar que, en aras de la estabilidad política y de su propio futuro, recapaciten y den marcha atrás en esta inusitada e inaceptable transgresión a la Carta Magna