El monto de las liquidaciones, fuera de la ley: Coalición Nacional de Trabajadores

Presionan a empleados del INEGI para que renuncien o entren a plan de retiro

Personal de los estados, particularmente de Guanajuato y Chiapas, entre los más afectados

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Trabajadores que han laborado más de 10 años en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en sus diversos programas, están siendo obligados a firmar sus renuncias y a incorporarse al plan de retiro voluntario, denunció la Coalición Nacional de Trabajadores de esta dependencia, y puntualizó que ni siquiera las liquidaciones se están aplicando conforme a la ley.

La organización establece en un comunicado que el departamento jurídico del INEGI, mediante una "política de intimidación", está presionando a los trabajadores de diversos estados, en particular de Guanajuato y Chiapas, para que firmen su renuncia.

Inclusive a aquellos empleados que aceptan el retiro voluntario no les especifican los montos que recibirán por liquidación. Al momento de recibirla se enteran de que les están pagando menos de lo que establece la ley, ya que, según la coalición, en la mayoría de los casos el finiquito asciende a entre 11 y 30 mil pesos.

Estas cantidades se están entregando aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estipula que quienes se incorporan a este programa les corresponden 83 mil pesos. Los trabajadores han pedido el apoyo de la coalición y la presencia de su apoderada legal, con el propósito de recibir asesoría jurídica y respaldo para que el INEGI cumpla la ley.

El departamento jurídico del instituto, por su parte, les ha informado a los trabajadores de Chiapas que aun cuando no renuncien serán separados de sus funciones a partir del próximo 30 de mayo del presente mes.

Ciento sesenta trabajadores chiapanecos que han sido despedidos bajo este esquema realizarán un plantón y una huelga de hambre en los próximos días, con el fin de exigir su reinstalación, el pago de sueldos caídos -que suman cientos de miles de pesos- y el cese de hostilidades por parte de abogados del organismo.

Trabajadores del Distrito Federal que también han sido despedidos se sumarán a las protestas que se llevarán a cabo en la ciudad de México para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúe con estricto apego a derecho. La mayoría de los empleados de una institución pública están siendo vapuleados en sus derechos laborales. Según informó esta coalición, hasta el momento se ha logrado que las autoridades laborales resuelvan 51 casos en favor de la reinstalación, pero la dependencia se niega a hacerlo.

Exigen la destitución de Calvillo Vives

Esta organización pide la inmediata destitución del director nacional del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, ya que además de desconocer los derechos laborales de quienes han trabajado más de una década en el instituto, él sí "está jubilado del Banco de México y recibe una jugosa pensión económica".

Calvillo Vives, además de haber contratado a directores adjuntos y personal en el área jurídica con elevados sueldos -cuyo monto sería suficiente para contratar a 2 mil trabajadores-, tiene como meta despedir a miles de empleados, ya que el actual gobierno busca la autonomía del instituto y la privatización de sus servicios. Es decir, contratar a empresas particulares para que lleven a cabo las tareas del organismo.