El propósito es reducir el costo financiero del rescate de esas instituciones

Comisión de diputados buscará que los bancos acepten ser auditados

Los legisladores tratarán de convencer a propietarios de desistirse de los amparos

ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados decidió crear un grupo de trabajo de legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para establecer los mecanismos de las auditorías pendientes al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con objeto de reducir el costo financiero del rescate bancario.

En una reunión privada de la comisión de vigilancia se establecieron los criterios para ''convencer'' a los propietarios de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte de retirar los amparos contra el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que considera nuevas revisiones a las instituciones bancarias.

Sobre el futuro de las auditorías se cierne el riesgo de que el Poder Judicial conceda a los bancos el amparo definitivo, y de esa forma se cerraría la puerta a cualquier revisión futura. Además, como tercer recurso aún resta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal contra las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que pretende conseguir una devolución de casi 8 mil millones de pesos entregados de forma ilegal a Banamex por concepto de liquidación de pagarés vencidos.

En respuesta, la SCJN no reconoció personalidad jurídica a la ASF (órgano dependiente del Poder Legislativo) para replicar al recurso interpuesto por el Ejecutivo, y emplazó a la Cámara de Diputados a dar respuesta a la controversia constitucional antes del 13 de junio. De esa forma, el Poder Judicial informó al Legislativo que el más importante organismo fiscalizador en el país no tiene atribuciones para responder. El panista Armando Salinas, presidente de la mesa directiva, explicó el estado del diferendo legal.

''Lo que estamos haciendo es dar una valoración jurídica de una acción que interpreta e interpone el Ejecutivo federal; nosotros tenemos hasta el 13 de junio para dar respuesta y ya se está valorando en el jurídico de la Cámara de Diputados, y también en una reunión, en los próximos días, con el auditor superior de la Federación (Arturo González de Aragón), porque es el principal interesado en que la cámara dé respuesta puntual al planteamiento hecho por el Ejecutivo''.

En medio de ese entramado, la comisión de vigilancia se reunió ayer en San Lázaro para dar posesión a Roberto Michel como director de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. Se conformó un grupo de legisladores cuya tarea será retomar las negociaciones con la junta de gobierno del IPAB, las autoridades de Hacienda y los propietarios de Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, con objeto de ''convencer'' a los banqueros de desistirse de los amparos para que se concreten las auditorías.

No obstante, uno de los escenarios factibles en torno a la revisión de los bancos para reducir el costo fiscal del rescate se circunscribe a la posibilidad de un fallo a favor del amparo solicitado por los bancos, y en caso de ser así ya no habría posibilidad de auditar sus cuentas; en consecuencia, los mexicanos ya no se enterarían del monto destinado a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, que en conjunto suma más de la mitad del costo de la deuda del IPAB.

La esperanza de los legisladores se funda en arrancar un compromiso a los banqueros para que se dejen auditar. Sin embargo, hasta ahora la experiencia es negativa porque ninguna institución ha permitido que sus estados financieros sean revisados por un ente como la Auditoría Superior de la Federación.

A la fecha existe un conjunto de audito- rías pagadas y ordenadas por la Cámara de Diputados a un grupo de despachos privados de contadores. Pero antes de ser entregadas al Legislativo -que erogó recursos públicos para cubrir el costo del trabajo-, estas cuentas se frenaron porque al enterarse de su destino, los banqueros confabulados con los despachos interpusieron uno de los amparos que esperan resolución.

Además de esa difícil tarea, el grupo de trabajo de los diputados deberá establecer contacto con el presidente Vicente Fox y convencerlo de la improcedencia de la controversia constitucional. El asunto es que en la Presidencia de la República existe la percepción de que la ASF invadió atribuciones del IPAB, y no que desde Los Pinos se pretenda defender a los propietarios de Banamex. En San Lázaro se piensa distinto, porque las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior tienen un fundamento documental inobjetable.

Además de confirmarse que el órgano fiscalizador recibirá entre el 10 y el 18 de junio las respuestas a las observaciones de la ASF a distintas dependencias del Ejecutivo sobre la cuenta pública de 2001, José Antonio Magallanes, diputado del PRD, anunció el nuevo citatorio al auditor superior, con objeto de explicar a la comisión de vigilancia el desagregado de 218 mil millones de pesos, ''que no sabemos si es del primer año del gobierno de Vicente Fox o se viene arrastrando desde otros años''.

Por otra parte, el senador Luis Rico y los diputados Sergio Vaca, Joel Viles, David Rodríguez y Ricardo Sheffield, anunciaron que 14 legisladores del PAN se conformaron como ''bloque opositor'' para impedir que las autoridades competentes -en este caso el Congreso y el IPAB- realicen auditorías ''extra-light'' a los bancos, y de paso exigieron a la Comisión Permanente que revoque el nombramiento del vocal independiente del instituto, Héctor Tinoco, por haber incurrido en conflicto de intereses y falsedad a la hora de presentar su currículum.

Sergio Vaca explicó las causas por las que Tinoco no debe permanecer en una posición tan delicada: ''No cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 78 de la ley del IPAB, que establece que los vocales no deben mantener relación alguna con las instituciones financieras que pudiera representar un conflicto de intereses para su desempeño. Debemos señalar que el señor Tinoco era funcionario del Banco de México en los años 96-97 interviniendo como miembro del Comité Técnico del Fobaproa en las decisiones que favorecieron a Banamex y a otras instituciones bancarias con desapego a la normatividad aplicable. El hecho fue ocultado dolosamente en el currículum vital de dicho funcionario. Además, Jonathan Davis carece de autoridad moral para intervenir en el IPAB. Martín Werner, Héctor Tinoco, Miguel Mancera y Luis Mancera votaron en muchas actas del IPAB-Fobaproa, se excedieron en sus atribuciones y ganaron impunidad, están coludidos, es una franca complicidad para enterrar el Fobaproa''.