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México D.F. Viernes 16 de mayo de 2003

Autoridades y lacandones acusan a los activistas de ocasionar daños ecológicos

Catequistas y promotores de los derechos humanos padecen acoso en Frontera Corozal

La organización civil Las Abejas denuncia que paramilitares realizan acciones en Canolal

ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

Autoridades e indígenas lacandones de la comunidad Frontera Corozal, que exigen el desalojo de los pobladores asentados en la reserva de la biosfera de Montes Azules, mantienen "amenazados y presionados" a catequistas y promotores de derechos humanos que no comparten su postura, informó el Centro Fray Bartolomé de las Casas.

En un comunicado, el organismo exigió la intervención "expedita e imparcial" de las autoridades competentes para "evitar acciones que atenten contra los derechos humanos o que de manera omisa se permitan acciones de imposible reparación", en agravio de las personas hostigadas.

Explicó que los catequistas Roberto Gómez Martínez, Manuel Montejo Arcos, Juan López López y Arturo López Gutiérrez, así como Ana María Gómez, promotora de derechos humanos, están "arraigados de facto, ya que tienen prohibido salir de la comunidad". La institución que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García dijo que autoridades y habitantes de Frontera Corozal han acusado "falsamente" a los catequistas y a la activista de causar "daños ecológicos" por provocar un incendio.

Quemas imprudentes en una parcela

El Centro Fray Bartolomé señaló que el 27 de abril pasado, el indígena priísta Crescencio Jiménez, vecino de Frontera Corozal, realizó quemas en su parcela, lo que provocó un incendio en los límites de los bienes comunales lacandones y la reserva de Montes Azules. Añadió que el 4 de mayo, dirigentes y habitantes de la comunidad "encarcelaron injustamente a Adolfo Jiménez y acusaron a los catequistas y a la promotora de derechos humanos de haber provocado el incendio, y por consecuencia del delito de daño ecológico".

Según el Fray Bartolomé de las Casas, desde entonces las "amenazas y presiones" contra los involucrados no han cesado. "Este centro manifiesta su temor de que estas acciones sean toleradas nuevamente por las autoridades de los gobiernos estatal y federal, fortaleciendo alianzas entre la comunidad lacandona y en contra de las posturas disidentes al interior de la misma, alentando en los hechos los conflictos intracomunitarios", señaló.

Ante la situación, solicitó que "se realicen las investigaciones procedentes de manera objetiva y profesional, con el objetivo de probar fehacientemente que se cometió el delito de daño ecológico, y deslindar las responsabilidades correspondientes". De igual forma, pidió se tomen "las medidas necesarias" para garantizar "la integridad física y moral" de los catequistas y promotores de derechos humanos, además del libre ejercicio de sus garantías constitucionales.

Mientras, la representante en Chiapas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Martha Cecilia Díaz Gordillo, explicó que el rancho de 216 hectáreas Puerto Rico, cuyo título entregó en octubre pasado, se encuentra fuera de los límites de la reserva Montes Azules, y ya los líderes lacandones, mediante la Procuraduría Agraria, interpusieron ante tribunales de la materia un juicio de nulidad contra la determinación.

La funcionaria aclaró, respecto a la denuncia de la comunidad lacandona sobre la presunta existencia de unas 25 propiedades particulares dentro de la reserva ecológica, que el próximo día 23 de este mes se reunirá con líderes indígenas para revisar cada uno de los casos.

Informa Las Abejas de supuesta actividad paramilitar

La organización civil Las Abejas informó que presuntos paramilitares hicieron seis disparos de arma de fuego en la comunidad Canolal, vecina de Acteal. En una carta dirigida al presidente Vicente Fox, el organismo dijo que esta acción, ocurrida el domingo pasado, "ha provocado mucho temor en nuestras comunidades", por lo que exigió se investigue el caso y se castigue a los responsables.

La agrupación sostuvo que la acción de los supuestos paramilitares tuvo el objetivo de "intimidar a nuestra población y demuestra que nuestras vidas están en peligro".

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