Ayer el Senado de la República aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta medida legislativa podría parecer a primera vista superflua e inecesaria, si se considera que en su artículo primero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe "toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Sin embargo, debe considerarse que las realidades y las prácticas en la materia se encuentran muy lejos del precepto constitucional, y la discriminación en nuestro país sigue siendo una vergüenza cotidiana y omnipresente.

En nuestro país se discrimina en forma habitual a los indígenas, a las mujeres, a los negros, a los viejos, a los niños, a los discapacitados, a los pobres, a los homosexuales, a las empleadas domésticas, a los extranjeros, a los albinos, a los enfermos de sida, a los desempleados, a los zurdos, a los peatones, a los protestantes, a las embarazadas y a los artistas, entre otras víctimas de esta odiosa práctica.

En la capital de la República se discrimina a los originarios de otras entidades, y en ellas se discrimina a los capitalinos. Buena parte de la población alberga prejuicios raciales -que resultan evidentemente insostenibles- contra los judíos, los gitanos y los chinos.

México es tierra de asilo y de inmigración, de mestizajes sucesivos y de múltiples sincretismos culturales, pero al mismo tiempo nuestra sociedad está enferma de intolerancia, de fobias y de rechazo injustificado a la diversidad. Reconocer tales rezagos culturales y sociales es el obligado primer paso para superarlos; aceptar nuestra diversidad étnica, lingüística, cultural, religiosa y sexual es necesario para participar fluidamente en una globalidad a su vez diversa y contrastada.

El combate a la discriminación no puede, sin embargo, quedarse en un conjunto de medidas y campañas de concientización, sensibilización y educación; se requiere además de disposiciones legales que castiguen de alguna manera -así sea mediante sanciones administrativas, como ocurre con la ley aprobada ayer- cualquier acto discriminatorio. De esa forma el precepto contenido en el artículo primero constitucional dejará de ser un buen deseo.