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P O L I T I C A
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México D.F. Miércoles 30 de abril de 2003

Así lo amerita la gravedad de las faltas de la familia Riojas Santana, explican

Pugnarán los consejeros Barragán y Cárdenas por retirar el registro al PSN

Piden que el IFE asegure que se pague el monto total de la sanción de $140.8 millones

ALONSO URRUTIA

La sanción de 140.8 millones de pesos al Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) por malos manejos financieros, que este mediodía aprobará el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), no ha dejado satisfechos a todos los consejeros del instituto, y al menos José Barragán y Jaime Cárdenas pugnarán porque se cancele el registro al mencionado organismo político en virtud de la gravedad de las faltas cometidas por el partido que dirige la familia Riojas Santana.

Por lo pronto, Barragán demandará que el IFE tome sus previsiones para asegurar que el PSN pague el monto total de las sanciones y evitar que ante la eventualidad de que pierda su registro, el próximo 6 de julio, quede impune la actuación ilícita de su dirigente, Gustavo Riojas.

-Hay quienes consideran un exceso que el IFE retire el registro al PSN...

-Lo que es un exceso es permitir que la delincuencia organizada se confunda con la política -dijo Barragán.

El dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización del IFE, que hoy conocerá el Consejo General, sostiene que ese partido no informó con veracidad a la autoridad electoral, falseó e inclusive dio apariencia de legalidad de actos simulados. Entre las múltiples irregularidades detectadas, está que de las tres empresas propiedad de la familia Riojas que facturaron gran parte de trabajos de bienes y servicios al PSN -dirigido por la misma familia Riojas- como Profesionales en Asesoría y Servicios Especializados (PASE), no encontraron reporte legal de su existencia.

Según Barragán, la forma sistemática como actuó el PSN para beneficiar a las empresas propiedad del diputado federal Gustavo Riojas violenta las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos en su artículo octavo, y otras disposiciones que prohíben expresamente la utilización de recursos públicos en beneficio de empresas de familiares.

Agrega que la pérdida del registro del Partido de la Sociedad Nacionalista debería desprenderse de su sistemática actuación para beneficiar a las empresas de su propiedad en diversos estados, ''pero mis compañeros no lo consideraron, porque no hubo exahustividad en la investigación para lograr obtener las pruebas de esta actuación sistemática''.

El consejero alertó que en este caso en particular existe el riesgo de que el PSN se vaya sin devolver al erario los recursos públicos que ilícitamente utilizó para beneficios personales, de ahí la importancia de que el IFE dé vista tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Procuraduría General de la República (PGR).

En el primer caso, para que Hacienda investigue realmente la existencia legal de la empresa PASE, que establezca las previsiones para que el PSN no comience a enajenar bienes en favor de terceros e impida que se devuelvan los recursos públicos. Por lo que hace a la PGR, para que se amplíen las investigaciones relacionadas con los delitos penales que presumiblemente habría cometido la dirigencia del PSN a partir de su cargo.

''No es posible que el presidente del partido, que además es diputado federal y servidor público, pueda expedir un cheque para pagar una factura que el mismo Riojas emite en su calidad de propietario de la misma empresa. Eso no es posible.''

De acuerdo con el dictamen, las empresas Desarrollo Integral en Servicios Corporativos y Corporación de Servicios Integrados de Administración Gurios Imen, se constiuyeron el 27 de mayo y el 25 de junio de 1999, respectivamente, días antes de que el IFE otorgara el registro al partido. Sin embargo, Barragán señala que la ilicitud de la actuación de Riojas y su esposa, Bertha Simental García, procede desde el momento en que son ya diputados federales.

Por todo ello, Barragán demandará la cancelación del registro del PSN, lo que permitiría enviar un mensaje fundamental de que el IFE no va a permitir este tipo de actuaciones. Ello llevará, en consecuencia, a lograr la restitución completa de los recursos usados ilícitamente.

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