La empresa estadunidense ChoicePoint, entidad que presuntamente adquirió información del padrón electoral mexicano y de otros archivos oficiales del país para luego venderla al gobierno de Estados Unidos, tiene un perfil inquietante y potencialmente peligroso para la soberanía nacional, en lo general, y para los ciudadanos mexicanos, en lo individual.

ChoicePoint es una de las empresas utilizadas por Washington para burlar las disposiciones legales estadunidenses que prohíben a su gobierno recabar datos personales para usos no especificados y tuvo implicación directa en la posible adulteración del padrón electoral de Florida durante los comicios presidenciales de Estados Unidos, en 2000. Según fuentes consultadas por este diario en el país vecino, ChoicePoint manipuló el listado de votantes de ese estado para eliminar electores de origen hispano y afroamericano, circunstancia que incidió en el más que dudoso triunfo de George W. Bush. Esta afirmación fue también emitida ayer por el secretario de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, al referirse a la presunta compra de datos de licencias de conducir de la capital del país por ChoicePoint.

Además de su participación en un posible amañamiento de los comicios de Florida para favorecer al Partido Republicano y al hoy mandatario Bush, suceso abiertamente denunciado en Estados Unidos, ChoicePoint ha divulgado y comercializado en varios casos datos falsos, ha afectado a ciudadanos del país vecino y ha sido demandada ante los tribunales. ChoicePoint es, por añadidura, un centro de información que no tiene escrúpulos a la hora de obtener y presentar archivos críticos -la ilegal adquisición del padrón electoral mexicano y la manipulación del de Florida son sólo dos ejemplos- y opera como una especie de entidad parapoliciaca en labores de inteligencia e identificación de supuestos terroristas y otros presuntos delincuentes para el gobierno de Estados Unidos.

Por tratarse de una empresa privada, ChoicePoint está al margen de los controles aplicables a las instancias gubernamentales y de la supervisión pública, y se coloca como un poder sin freno que podría utilizar la información que posee para controlar, espiar o tergiversar. Y aunque también ha prestado servicios relevantes, como la identificación de DNA de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, el hecho de que sea una corporación movida por el afán de lucro supone que sus actividades y acervos informativos están también al servicio del poder y el dinero, con todo lo que ello implica.

Que una entidad de esa naturaleza esté en posesión de información sobre millones de mexicanos resulta inquietante y peligroso, pues tal situación genera severos riesgos para la seguridad nacional y expone a los ciudadanos del país a padecer persecución, discriminación o errores por parte de autoridades y otras entidades de Estados Unidos, aun sin ser responsables de ilícito alguno.

Por ello, el gobierno de México, a través de las instancias competentes, debe explicar a la ciudadanía estas graves circunstancias, exigir de forma inmediata a su contraparte estadunidense información clara sobre sus vínculos con ChoicePoint, entablar contra esa corporación un proceso judicial por la presunta compraventa ilegal del padrón electoral y otros archivos nacionales, e iniciar de manera expedita y profunda una investigación para identificar y sancionar a los responsables de la entrega a esa empresa de datos cruciales y confidenciales que son, antes que nada, propiedad exclusiva de sus titulares mexicanos.