Uno de los saldos más evidentes y perniciosos de la invasión desatada por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña contraIrak es la brutal erosión del derecho internacional y de principios fundamentales como la democracia y los derechos humanos. Bush y su camarilla no dudaron en manosear estos valores para justificar su guerra criminal y, en el caso del derecho internacional y el respeto a la autoridad de la ONU, no tuvieron empacho en pasarlos por alto cuando así convino a sus pretensiones imperiales. Las masacres de civiles iraquíes, el apoderamiento de la riqueza de esa nación y la conquista misma de Irak a contrapelo de la legalidad internacional son algunos ejemplos de la barbarie cometida por Washington en nombre de la libertad, la seguridad y la democracia.

De igual modo, Israel continúa su infame ocupación de los territorios palestinos y practica abiertamente el terror y el asesinato para reprimir ya no a supuestos terroristas, sino a la propia población palestina. Ayer, la Corte Suprema de Israel dio su consentimiento para que el ejército de ese país utilice bombas de fragmentación contra objetivos palestinos, armas devastadoras que han sido condenadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Empero, el terrorismo de Estado de Ariel Sharon suscita complacencia o abierta aprobación en la Casa Blanca, y la histórica negativa del gobierno israelí a acatar las resoluciones de Naciones Unidas sobre Palestina no ha motivado nunca a Washington y a sus aliados a construir una coalición internacional que las haga cumplir.

La flagrante hipocresía que se percibe en estos hechos demuestra que los gobiernos de las naciones más poderosasno dudan en concederse un amplio margen de impunidad, al amparo -ellos sí- de sus arsenales de destrucción masiva, y que para Washington y sus esbirros los derechos humanos, la legalidad internacional y los valores de la civilización y la democracia no son sino conceptos manejados a su conveniencia. En cambio, las naciones pobres o contestatarias reciben, bajo el argumento de hacer cumplir esos valores traicionados por los más fuertes, todo el peso de la barbarie y la ley de la jungla. En este contexto, son de destacar las declaraciones de José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que México debe abstenerse en Ginebra de condenar a Cuba por los casos de violaciones a las garantías fundamentales perpetradas en ese país, pues, dijo, "debe condenarse a todos, no nada más a los pobres". ¿Por qué condenar a Cuba y no a Estados Unidos, a Israel o incluso a México, donde también se cometen graves vulneraciones a los derechos humanos? El uso político de los derechos humanos, sea en función de intereses geoestratégicos o estrictamente locales, no es sino un síntoma del doble rasero que permea las relaciones internacionales y propicia la práctica inmoral de castigar al débil y tolerar al poderoso. La ejecución de tres secuestradores de una embarcación en Cuba constituye un acto brutal y reprobable, que repite las mismas prácticas inhumanas y totalitarias contra las que el socialismo ha combatido a lo largo de su historia. Tales ejecuciones constituyen un crimen inaceptable e injustificable, pero su denuncia no debe ser utilizada para hacer el juego a los intereses imperiales de Estados Unidos ni para perpetuar la hipocresía general.

En el deteriorado contexto mundial es urgente emprender una completa reformulación de las instancias y los mecanismos multilaterales que restituya la autoridad de la ONU, contenga el frenesí bélico y la impunidad de las potencias, así como reivindique la vigencia plena de los derechos humanos y la legalidad internacional a escala global y sin excepciones. De lo contrario, la humanidad podría reincidir en la barbarie, la quiebra moral y las catástrofes, fenómenos que siguen peligrosamente vigentes.

Con la renuncia, ayer, de Gustavo Iruegas a la Subsecretaría para América Latina y el Caribe y, hace unos meses, del también subsecretario Miguel Marín Bosch, se cierra un importante y honroso ciclo de la diplomacia mexicana y se da entrada a una etapa de pragmatismo y alineamiento con Washington en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante décadas, Iruegas fue un destacado diplomático con amplia visión latinoamericanista y operador clave de importantes procesos de paz en la región, entre ellos los de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Además Iruegas fue un interlocutor de alto nivel en las relaciones de México con Cuba, hoy sumamente deterioradas, y protagonista de los esfuerzos de México para propiciar la integración de La Habana en algunos espacios del concierto latinoamericano. Pese a su polémica actuación en Chiapas durante el gobierno de Ernesto Zedillo, la participación de Iruegas en diferentes gestiones diplomáticas forma parte de la gran tradición mexicana en el ámbito de las relaciones internacionales (no intervención, libre determinación de los pueblos, compromiso en favor de la paz) y de la posición independiente de México frente a Washington, valores hoy reducidos por el régimen foxista y sus dos cancilleres, Jorge G. Castañeda y Luis Ernesto Derbez. La salida de Iruegas es también la del último representante de esa tradición en los altos mandos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Así, parece claro que Tlatelolco se apresta a plegar -en aras de un pragmatismo de dudosa eficacia y preocupante condescendencia- la política exterior de México al nuevo orden mundial preconizado por Bush y, para ello, se renuevan los cuadros de la cancillería con un nuevo perfil de diplomáticos más proclives a Washington -algunos de ellos improvisados, como el propio Derbez- y se prescinde de aquellas voces experimentadas que habrían resistido, eventualmente, el creciente alineamiento del gobierno de México a los designios de la Casa Blanca.