Los indígenas llevaban machetes y armas de fuego, denuncian bases del EZLN

Autoridades federales y choles quisieron desalojar a zapatistas de Montes Azules

Defensores comunitarios piden al gobierno chiapaneco tomar medidas precautorias

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 13 de abril. Héctor Trujillo Gómez y Jorge Gómez Roldán, funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con otros representantes del gobierno federal, encabezaron (ellos dicen que sólo lo "acompañaban") a un grupo de cerca de 40 campesinos choles, armados con machetes y armas de fuego, que pretendía expulsar, obviamente por la fuerza, a los pobladores de Nuevo San Rafael, en Montes Azules, bases de apoyo del EZLN.

El grupo procedía de Nueva Palestina y Frontera Corozal. (Al menos en el primer caso, los municipios autónomos han denunciado con anterioridad la existencia de paramilitares). No teniendo vela en el entierro, estos choles de la zona del Usumacinta se presentaron también como "acompañantes" de las autoridades lacandonas, las cuales, a su vez, acudieron para que el gobierno les "devuelva sus tierras" de esa parte de la ribera norte del río Lacantún, que ni siquiera conocían antes de su incursión paraestatal y casi paramilitar de ayer.

Como reportó La Jornada, los funcionarios de la Profepa, de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CNANP) y de la Semarnat condujeron hasta Nuevo San Rafael a choles y lacandones en vehículos rentados (y en embarcaciones de motor que los pobladores tzeltales de Nuevo Tenejapa identificaron como propiedad de la Armada). Sus intenciones no parecían pacíficas.

Este viernes se supo que las autoridades de los también llamados caribes, en especial de Lacanjá Chansayab, amenazaban con desalojar Nuevo San Rafael el sábado 12 a las 14 horas. Con puntualidad lacandona, los funcionarios y su grupo de choque llegaron a la hora anunciada. Desembarcaron "alrededor de 40 indígenas que portaban machetes y algunos también armas de fuego", según denuncian los observadores civiles que se encontraba ahí. Los funcionarios de la Profepa esperon a la expedición "punitiva" en la entrada de la comunidad.

Los otros funcionarios del gobierno, que no se identificaron pero viajaban en vehículos de la Semarnat y de la CNANP, habían arribado a Nuevo Tenejapa con el contingente de indígenas armados, cuyas comunidades de procedencia (Nuevo Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá) se localizan a cientos de kilómetros de su lugar de aparición.

Los enviados de la Semarnat y de la CNANP cruzaron el Lacantún en otra lancha. Ya reunida, la comitiva avanzó hacia la entrada de Nuevo San Rafael. Iban al frente autoridades lacandonas: David González Chan Bor, presidente de Bienes Comunales; Hugo Chan Bor, del Consejo de Vigilancia, y Rodolfo Chan Bor, secretario, así como el comisario ejidal de Frontera Corozal, Pedro Díaz Solís. Los funcionarios gubernamentales se mantuvieron "atrás de la comitiva".

El testimonio de los observadores civiles, difundido hoy por la Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos, relata que "los lacandones se aproximaron con una actitud claramente hostil" y despojaron de dos cámaras de video, valuadas en 50 mil pesos, a miembros de la organización Promedios de Comunicación Comunitaria.

Tras una fuerte discusión en lengua chol, entre representantes de Nuevo San Rafael y los amenazadores visitantes, "uno de los miembros de la delegación de observación de derechos humanos solicitó a los funcionarios de la Profepa su intervención para encontrar una salida negociada, pues era evidente que los ánimos se calentaban". Héctor Trujillo Gómez, quien hasta ese momento "se había mantenido al margen de la discusión", afirmó que los representantes gubernamentales "no llevaban una propuesta de solución", que sólo habían llegado "por invitación" de los lacandones. En diciembre pasado aprovecharon las vacaciones navideñas para desalojar Arroyo San Pablo. Era predecible que no dejarían pasar la Semana Santa sin otro intento de desalojo.

Después de casi una hora de discusión, los pobladores de Nuevo San Rafael recibieron un plazo para irse. Si el próximo sábado 19 no lo han hecho, los lacandones anunciaron que llegarán nuevamente "a realizar el desalojo".

Por último, los representantes lacandones advirtieron a los observadores que si la autoridad de Bienes Comunales no autorizaba su presencia, "no podrán regresar nuevamente a la región de Montes Azules". En esta caravana de observación civil participaron miembros de Capise, Ciepac, Promedios y la red de defensores.

Los defensores comunitarios expresaron hoy su preocupación ante el desenlace que podrían tener estos acontecimientos: "En esta ocasión la presencia de observadores de derechos humanos evitó que se produjera un enfrentamiento entre los indígenas de Nuevo San Rafael y los lacandones y sus acompañantes".

El gobierno no hizo caso de advertencias

La red declara haber informado oportunamente al gobierno de Chiapas sobre "la eventualidad de un desalojo violento por parte de los lacandones" en estas fechas. Funcionarios del gobierno del estado se comprometieron "a hablar con los lacandones para evitar que se produjeran actos de violencia". Sin embargo, "los hechos reflejan que el gobierno del estado no llevó a cabo ninguna acción para evitar el desalojo violento, lo cual revela su doble discurso cuando niega compartir la política de desalojos en Montes Azules pero permite que los lacandones actúen con impunidad".

Los defensores comunitarios instan al gobierno federal y al gobierno del estado "a tomar las medidas precautorias que sean necesarias para evitar que se produzcan enfrentamientos entre los indígenas involucrados en el conflicto de Montes Azules". La Red reafirma su convicción de que "sólo una salida negociada y pacífica y la voluntad de los gobiernos federal y estatal pueden resolver el conflicto con pleno respeto a los derechos humanos e indígenas de los involucrados"

En tanto, la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática se pronunció en Ocosingo contra los desalojos en Montes Azules y las amenazas contra sus dirigentes, y expresó su rechazo a los "agentes de empresas nacionales y trasnacionales que quieren patentar la riqueza biológica de la selva".