Ninguna sanción ha evitado que se siga robando, dice

Riesgo de que la reforma al Código Penal sea sólo un "parche": Garay

SUSANA GONZALEZ G.

Las reformas al Código Penal para endurecer las penas contra el robo en sus diferentes modalidades son "una "buena medida" para atacar ese delito, pero corren el riesgo de convertirse sólo en un parche más en la ley si no se traducen en reformas integrales en seguridad pública, procuración y administración de justicia así como en la readaptación social, advirtió David Garay, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de 1994 a 1996.

Dijo que 60 por ciento de los delitos que se cometen en el Distrito Federal son de índole patrimonial, es decir robos, pero consideró que hay "un círculo perverso" porque justamente los reos que tienen mayores posibilidades de salir son quienes roban.

Las reformas propuestas por el gobierno capitalino a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal representan una posibilidad para romper dicho círculo, pero advirtió que hasta el momento toda sanción penal ha fallado y la muestra es que ninguna pena ha resultado "ejemplificante" para evitar que la gente siga delinquiendo, lo mismo en épocas de pauperización que cuando hay abundancia económica.

Actuar del gobierno propicia delitos

"El ataque al delito debe ser de tipo integral, no puede ser sólo en materia de sanciones o impartición de justicia, sino debe incluir además prevención del delito y procuración de justicia, fortalecer instancias como la defensoría de oficio, hasta la ejecución de penas, porque si se ponen sólo parches en estas etapas, lo más seguro es que tendremos una administración de justicia parchada", dijo David Garay.

Enfatizó que el delito no se produce por generación espontánea y por tanto no puede atacarse con derecho penal o policías e incluso aseveró que el propio gobierno en su actuar genera condiciones propicias para la comisión de delitos, "por ejemplo cuando no pone alto a marchas, mítines o plantones" o al ambulantaje.

Garay fue entrevistado luego de presentar el libro Seguridad pública municipal, de Jorge Fernández Ruiz, junto con el secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard; Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el ex procurador general de la República Sergio García Ramírez, quien envió su ponencia por escrito.

El libro, coincidieron los presentadores, es el primero que se presenta sobre la seguridad pública municipal de nuestro país y hace notar las contradicciones que existen sobre el concepto entre dos artículos constitucionales -el 21 y el 115-, pues mientras el primero la considera como una función pública, la segunda la cataloga como servicio público.

En tal sentido, Fernández Ruiz se pronunció por la reforma del 115 para que quede claro que la seguridad pública es una función pública del Estado y, según Ebrard, esbozar los principales puntos hacia "una ruta crítica, hacia una reforma policial" tanto para el DF como los municipios, basados en el conocimiento y respeto a las garantías individuales de los policías y la sociedad en general.