El proceso refleja la decisión de la Sedena de combatir de frente al narco: Alvaro Vallarta

Rojas Acuña acusa de parcial al consejo de guerra que sentenció a Martínez Perea

JESUS ARANDA

El proceso penal en contra del general Ricardo Martínez Perea y de los oficiales Ricardo Antonio Quevedo Guerrero y Mario Maya Díaz "inició irregular" desde que no se certificó la autenticidad del anónimo por el cual se iniciaron las investigaciones, y "terminó irregular", al dictarse una sentencia inculpatoria, "cuando no se reunieron los elementos del tipo penal.

De acuerdo con el abogado de Martínez Perea, Rodolfo Rojas Acuña, independientemente de la inocencia de su defendido y los dos coacusados, llaman la atención las violaciones de procedimiento en que incurrieron, desde la Procuraduría Militar y sus agentes judiciales, pasando por la actuación del Ministerio Público Militar hasta la forma en que se desarrolló el consejo de guerra, que terminó por condenar a los acusados a 15 años de prisión y baja del Ejército Mexicano.

En entrevista, el litigante señaló que entre las violaciones procesales en que se incurrió en la primera fase del proceso, está que los tres militares fueron detenidos y traídos al Campo Militar Número Uno sin la orden de aprehensión correspondiente.

Además, el general Martínez Perea estuvo incomunicado durante tres días, pese a que había órdenes judiciales que exigían a los juzgados militares que lo presentaran, y no fue sino hasta que se amonestó mediante un oficio al secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Ricardo Vega García, cuando se abrieron las puertas de la prisión militar para familiares y abogados del general.

Los cateos realizados en los domicilios de los oficiales Maya y Quevedo, añadió el litigante, tampoco contaban con la orden correspondiente. Además, el juez tercero militar se extralimitó en sus funciones cuando encabezó el cateo en la casa de las hermanas Adriana y Aydé García (a) Las Cuatas, quienes según la fiscalía castrense estaban vinculadas con Osiel Cárdenas Guillén y se convirtieron en el enlace entre el líder del cártel del Golfo y los oficiales.

En lo que respecta a las violaciones procesales en que incurrió el agente del Ministerio Público Militar, Gerardo Salazar Bolaños, el litigante destacó la exhibición de documentos extemporáneos en el consejo de guerra, con lo que se violó la etapa de ofrecimiento de pruebas prevista en el Código de Justicia Militar; así como la presentación de la retractación de un testigo, quien había sido detenido por presunta falsedad de declaraciones cuando rendía su testimonio ante el consejo en días pasado.

Los defensores de los oficiales, los tenientes Francisco Pineda y Enriqueta Rodríguez, denunciaron que la consignación de los acusados se hizo "sin pruebas", además de que en el proceso no se corroboró el informe policiaco que entregaron los agentes judiciales militares y que sirvió de base para la acusación en su contra, además de que no se corroboraron nombres de testigos ni domicilios en que habrían tenido lugar los delitos.

Respecto al consejo de guerra, Rojas Acuña sostuvo que fue ilegal la parcialidad con que se condujo, lo que fue evidente, cuando las objeciones de la defensa a testimonios o peritajes eran catalogados como improcedentes.

No hubo imposición, sanción o apercibimiento a las amenazas, insultos y falta de probidad del Ministerio Público Militar, y su última falta "fue decirle señor, al general, cuando debía conducirse con el respeto que merece la milicia".

Finalmente, dijo, fue evidente el desconocimiento jurídico y de procedimiento de los miembros del consejo, quienes no juzgaron ni sentenciaron de acuerdo a los elementos de tipo, contemplados en el Código Penal.

Por su parte, el general de división retirado Luis Garfias, señaló que en la decisión del consejo de guerra "palo dado ni Dios lo quita", por lo que seguramente el Supremo Tribunal Militar ratificará la sentencia condenatoria.

Garfias Magaña añadió que "lamentablemente" el involucramiento de los militares con el narcotráfico es una consecuencia de la indebida participación del Ejército en el combate a dicho ilícito.

A su vez, el general retirado Alvaro Vallarta Ceseña señaló que los acusados tienen aún la instancia de la apelación y posteriormente, el amparo en contra de la sentencia en el que podrán demostrar su inocencia; sin embargo, dijo que por otra parte, el proceso representó la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de combatir la corrupción al interior del instituto armado.