El gobierno admite la demanda de que se renegocie el capítulo agropecuario

México pedirá que se revisen los casos de maíz blanco y frijol en el TLCAN

ANGELICA ENCISO L.

El gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos y Canadá la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el caso del maíz blanco y del frijol, productos cuya apertura total está prevista para 2008.

Esta es una de las principales exigencias de las agrupaciones campesinas y fue acordada ayer en el seno de la comisión de redacción del acuerdo nacional para el campo, el cual será firmado en las próximos días por el presidente Vicente Fox.

Tras dos días de intensas negociaciones para tratar el tema de comercio internacional, ayer terminó la redacción del apartado del TLCAN y negociaciones comerciales internacionales, en el que la demanda campesina de renegociación del acuerdo comercial fue aceptada en términos de "revisar el proceso de desgravación de maíz blanco y frijol establecido en el TLCAN y sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de importaciones".

El documento indica que también se podría establecer "otro mecanismo equivalente que resguarde los legítimos intereses y derechos de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias. Para tal efecto se realizará previamente una evaluación del impacto en las cadenas productivas del proceso de desgravación de maíz blanco y frijol y, a partir de ello determinar los tiempos y las estrategias más convenientes para el interés nacional".

Maíz y frijol, granos cultivados por alrededor de 2 millones de campesinos, entrarían al mercado libre de aranceles en 2008, aunque sus importaciones cada año han rebasado las cuotas establecidas por el TLCAN y esto ha vulnerado la rentabilidad y la economía de los campesinos, han argumentado las organizaciones para defender esta demanda, una de sus principales exigencias en los últimos meses.

En el borrador del acuerdo, el Ejecutivo federal asumió el compromiso de iniciar de "inmediato consultas con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá" con el objeto de "convenir las adiciones y modificaciones que acuerden las partes". Además se hará una evaluación integral de los impactos e instrumentación del capítulo agropecuario del tratado, así como de lo referente a los productos forestales en los tratados comerciales internacionales.

En el documento quedó planteado que este análisis se hará con la participación de las organizaciones campesinas, las cadenas productivas y con la intervención del Congreso de la Unión, los gobiernos locales, las universidades y centros de investigación. El proceso deberá concluir este año.

Luego de la redacción de este apartado, las organizaciones convocantes al proceso -El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y El Barzón- se reunieron para evaluar el borrador. Hoy por la tarde se realizará el encuentro de la comisión organizadora y de acuerdos, en la que participan ocho líderes campesinos y los secretarios de Economía, Gobernación y Agricultura, a pesar de que falta por definirse lo relativo a la emergencia del campo y al presupuesto rural.

Después de esto las organizaciones llevarán el texto del acuerdo nacional para el Campo al seno de sus respectivas agrupaciones y localidades, para que sus bases las mandaten acerca de la firma del documento, lo cual ocurriría en los próximos días con la asistencia del jefe del Ejecutivo al acto correspondiente, si es que se resuelven los puntos pendientes.

Entre corchetes -sin consenso- quedó el tema relativo al financiamiento de pe-queños y medianos productores en los procesos de denuncia e investigación de presuntas prácticas desleales de comercio internacional.

En esta misma situación está el planteamiento de que "la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, en consulta con las organizaciones sociales y de productores, contribuirá al desarrollo de un marco jurídico que permita diseñar e instrumentar una política nacional en materia de experimentación, producción y comercialización de productos biotecnológicos y organismos genéticamente modificados". La resolución quedó pendiente porque en el Senado está por aprobarse una iniciativa sobre la materia.

También quedó pediente la evaluación de la Ley Federal de Competencia Económica en los mercados de las cadenas agroalimentarias; se propondrá que sea modificada. Las organizaciones campesinas presentaron 15 demandas, las cuales, aseguraron, fueron incorporadas en el borrador del acuerdo. Entre ellas están establecer una política de cupos de importación, la defensa contra las prácticas desleales de comercio, la intensificación de las negociaciones internacionales para el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades.