Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF

Tendencia autoritaria en el combate a la inseguridad

Persisten prácticas recurrentes de cuerpos policiacos Demanda al GDF consolidar una política de Estado en materia de derechos humanos

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Las detenciones arbitrarias y la aplicación de tortura por las corporaciones policiacas, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los presos siguen siendo prácticas recurrentes en la ciudad de México, afirma el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, en el informe enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en el que precisa además que la inseguridad pública, la deficiente procuración de justicia y la "grave" situación en los reclusorios capitalinos son los principales problemas en materia de derechos humanos.

El documento de más de 200 páginas precisa que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los avances democráticos no han correspondido a la necesaria consolidación de una política de Estado en materia de derechos humanos, por lo que plantea que este tema sea prioritario, pues "falta mucho por hacer" en esta materia, a pesar de la voluntad política manifiesta de las autoridades locales.

Al referirse a la seguridad pública, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) -quien comparece hoy ante el pleno de la ALDF- califica de "preocupante" la respuesta que le está dando la administración capitalina, ya que "se observa una tendencia autoritaria" que busca atacar las consecuencias más que las causas de ese fenómeno social.

Cita como ejemplos los operativos de mochila segura, las revisiones aleatorias en las calles, los registros a vehículos y domicilios sin orden correspondiente, la actuación de policías sin uniforme, la instalación de cámaras de video por toda la ciudad y las redadas, "cuya legalidad es, por lo menos, discutible". Estas acciones -asegura el ombudsman capitalino- están en consonancia con la política de cero tolerancia, y por eso "preocupa a esta Comisión que estemos en escenarios donde se aplican este tipo de medidas".

Respecto a las propuestas de la SSP de incrementar las penas, castigar toda falta o reducir la edad penal, asegura que "sorprenden y preocupan porque van en sentido contrario a otros esfuerzos de dependencias del GDF".

En su informe, Alvarez Icaza encomia los esfuerzos de las autoridades para capacitar a los uniformados; no obstante, asegura, "se dan casos de agentes que todavía recurren injustificadamente, con cierta frecuencia, a golpes, insultos, amenazas y otros actos hostiles contra miembros de la población, lo cual merma considerablemente la confianza en la institución".

Por lo que hace a la procuración de justicia, precisa que es otro de los puntos problemáticos en materia de derechos humanos, cuyas consecuencias ya se han visto en casos de linchamientos por parte de la población civil, lo que constituye una "señal de alerta" para que se corrijan las cosas.

Del sistema penitenciario del DF, "que encarna uno de los puntos más críticos", el informe del presidente de la Comisión menciona que es ahí donde ocurre "gran cantidad de violaciones graves y sistemáticas" a las garantías individuales de los internos, quienes "son víctimas de extorsión y de tratos crueles, inhumanos y degradantes", por lo que al salir libres están "en peores condiciones de las que se encontraban cuando ingresaron al penal".

Aquí propone, para enfrentar ese panorama, retomar las propuestas contenidas en un diagnóstico elaborado conjuntamente por la CDHDF, diputados locales, Tribunal Superior de Justicia del DF, subsecretaría de Gobierno del DF y Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Más adelante, Alvarez Icaza se refiere a los "casos que requieren atención especial", tales como las detenciones arbitrarias y la tortura, que persisten como métodos de trabajo e investigación de policías judiciales y de seguridad pública. Califica de "preocupante" que no hayan sido aceptadas o cumplidas en su totalidad las recomendaciones que ha emitido contra funcionarios públicos por tortura, y lamenta que los jueces todavía consideren como prueba plena las confesiones obtenidas bajo tortura física o sicológica.

Asimismo, confirma que los controles sobre los patrullajes policiacos son tan débiles para evitar que vehículos oficiales retengan ilegalmente a personas y se les someta a abusos y largos recorridos por las calles.

Finalmente la CDHDF insiste en la necesidad de fortalecer una política de Estado en materia de derechos humanos, en la que estén involucrados los diferentes actores políticos y sociales de la ciudad de México. "Reconocemos que nuestras capacidades tienen límites muy claros, pero la suma de esfuerzos favorecerá la consolidación de un México más justo y democrático, donde los derechos humanos sean respetados y garantizados para todas y todos."