Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 3 de abril de 2003
  Primera y Contraportada
  Editorial
  Opinión
  Correo Ilustrado
  Política
  Economía
  Cultura
  Espectáculos
  CineGuía
  Estados
  Capital
  Mundo
  Sociedad y Justicia
  Deportes
  Lunes en la Ciencia
  Suplementos
  Perfiles
  Fotografía
  Cartones
  Librería   
  La Jornada de Oriente
  La Jornada Morelos
  Correo Electrónico
  Búsquedas 
  >

Estados

Indígenas, entre los más afectados: Centro Fray Bartolomé

Constante, la práctica de la tortura en Chiapas: ONG

El año pasado registró 12 casos, destaca en documento

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 2 de abril. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dio a conocer un documento en el que señala que durante 2002 registró 12 casos de tortura en Chiapas, ocurridos en ocho municipios y que involucraron a 15 víctimas directas.

En el informe especial La tortura en Chiapas, el organismo sostiene que en la entidad "la tortura sigue siendo una práctica real, constante, general y sistemática contra la población civil, particularmente dirigida a indígenas y campesinos".

Agrega que en el estado "el acto de tortura es una forma de investigación policiaca, la cual está precedida de manera recurrente por una detención arbitraria, violentando así el derecho a la libertad personal, que desencadena otra serie de actos violatorios a las garantías individuales de manera sistemática por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia".

De igual forma, sostiene que "las acciones de dichas autoridades se remiten a equiparar o diluir la tortura en otros delitos no graves, como lesiones, amenazas, abuso de autoridad y/o brutalidad policiaca, encubriendo así las acciones violatorias por parte del gobierno estatal".

El organismo manifiesta que "el desconocimiento de la normatividad de derechos humanos y la falta de profesionalismo de varios funcionarios es otra realidad a la que se enfrentan las víctimas", lo que se refleja en el hecho de que "los médicos legistas y los que trabajan en el sector salud desconocen las reglas directivas para galenos respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos impuestos a personas detenidas o encarceladas".

En el informe de 54 páginas, el organismo que preside el obispo emérito de
San Cristóbal, Samuel Ruiz García, destaca que en Chiapas "no hay una cultura de protección, denuncia ni castigo de la tortura de parte de las autoridades encargadas de erradicarla; por el contrario, sus acciones y omisiones tienen como consecuencia que persista la práctica en el estado como una grave violación a los derechos humanos de los ciudadanos y como un ejercicio cotidiano en la persecución de delitos".

Precisa que los 12 casos de tortura que documentó entre diciembre de 2001 y el mismo mes de 2002 ocurrieron en los municipios de Tapilula (tres casos), San Cristóbal de las Casas (tres), Simojovel (dos), Ocosingo, Pantelhó, Teopisca, Pantepec y Sitalá (uno cada uno). Abundó que en esos hechos participaron policías municipales, de la Agencia Estatal de Investigaciones y agentes del Ministerio Público, quienes hicieron víctimas a ciudadanos de golpes, heridas, lesiones, asfixia, sofocación, posturas forzadas, privaciones, inmovilización, incomunicación, aislamiento, amenazas, humillaciones, hostigamiento, molestia sexual, amenazas de muerte, simulación de asesinato "y malos tratos en general".

De acuerdo con el organismo, "en los casos de tortura existe la tendencia en general de que ésta es aplicable a presos políticos o a aquellas personas que se encuentran implicadas en la política, en grupos de resistencia o de oposición, contrarios al Estado", pero los delincuentes comunes, sobre todo los acusados de delitos graves, "suelen ser víctimas de tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes".

El Centro Fray Bartolomé de las Casas añade que "a pesar de que a nivel
estatal y nacional existen leyes para prevenir y sancionar esta práctica, son desconocidas o no son aplicadas por las autoridades de investigación, así como por los encargados de la procuración y administración de justicia, no obstante que se tiene que perseguir de oficio".

Explicó que constantemente se enfrenta al "temor de las víctimas a denunciar los actos de tortura, por miedo a represalias", pero "el hecho de que no se presenten las acusaciones, judicial o públicamente, no quiere decir que no exista dicha práctica como método de investigación o presión política".

Números Anteriores (Disponibles desde el 29 de marzo de 1996)
Día Mes Año