Cuestionan en Suiza pesquisas del caso Digna

Ginebra, 26 de marzo. No ha sido un buen año para los defensores de los derechos humanos en México, según el informe 2002 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en México, que además pone en entredicho las promesas del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada de garantizar el respeto irrestricto a quienes dan expresión a reclamos de víctimas de abuso e impunidad.

El observatorio (programa conjunto entre la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura) al presentar hoy su informe anual, en coincidencia con la actual sesión de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos, lamentó que "a más de un año del asesinato de la defensora Digna Ochoa, la investigación no ha dado ningún resultado significativo; hay numerosas e inexplicables irregularidades y las personas encargadas de la investigación, así como quienes trabajan en el centro defensor, son objeto de acoso y de presión".

Este informe indica que a pesar de la movilización internacional pidiendo al gobierno federal progreso en la investigación sobre la muerte de Ochoa y Plácido en octubre de 2001, y el nombramiento de una nueva fiscal especial, Margarita Guerra, "no se ha registrado ningún adelanto significativo".

Entre los casos que sigue el organismo defensor tiene los de Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas; Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos; Reyna Pérez Hernández, integrante del centro de apoyo del Consejo del Movimiento Popular de Oaxaca, y también el de la abogada Bárbara Zamora, quien trabajó con la asesinada Ochoa y Plácido en la organización Tierra y Libertad.

KYRA NUÑEZ, CORRESPONSAL