No sólo en las persistentes manifestaciones pacifistas, multitudinarias y mundiales, se ha denunciado la obstinada ilegalidad de los gobernantes estadunidenses en su agresión armada contra Irak. Dignatarios y jefes de Estado -notablemente los de Alemania, China, Francia y Rusia, Irán, Malasia y el Vaticano-, funcionarios internacionales de la talla del propio Kofi Annan, así como múltiples analistas, investigadores, dirigentes políticos y sociales, artistas, cineastas y escritores, ex presidentes como James Carter y Nelson Mandela, premios Nobel de la Paz como Desmond Tutu, y muchísimos otros millones de seres humanos en el planeta han expresado la insoslayable certeza de que la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado son hoy en día, infractores de las normas de convivencia internacional y responsables de múltiples delitos, y eso que la obra de destrucción y muerte que han emprendido apenas lleva 36 horas. Es pertinente formular desde ahora un recuento, necesariamente somero e incompleto, de las ilegalidades perpetradas por el gobierno de George W. Bush.

De entrada, la pretensión del presidente estadunidense de subvertir el gobierno de un país soberano e independiente -independientemente de las tropelías de Saddam Hussein, tanto las reales como las inventadas por los propagandistas de Washington- representa un atropello a la Carta de la ONU. Adicionalmente, al emprender una guerra sin el aval explícito del Consejo de Seguridad, la Casa Blanca suplanta las funciones propias de ese organismo.

Por otra parte, en las horas transcurridas desde el inicio de las hostilidades las fuerzas militares de Washington han realizado acciones que, según cualquier código penal del mundo, constituyen delitos incuestionables: homicidios, tentativas de homicidio, sabotajes, destrucción de vías de comunicación, edificios y otras instalaciones. La devastación realizada por los militares estadunidenses e ingleses en las ciudades iraquíes sobrepasa, con mucho, la magnitud y la atrocidad de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Ciertamente, Bush y Blair disponen de un poder de fuego y de un aparato de guerra mucho mayor que los medios empleados por los aún inciertos autores de aquellos atentados; pero unos y otros están al parejo por lo que hace a su carencia total de motivos válidos y aceptables para sus acciones destructivas.

Ayer el gobierno estadunidense anunció la confiscación de mil 400 millones de dólares de activos financieros iraquíes. Tal medida constituye un robo, análogo a los hurtos cometidos por la soldadesca de Saddam Hussein en Kuwait, en 1990, o a los saqueos de los nazis en los países europeos ocupados.

También ayer, el secretario de Defensa del país vecino, Donald Rumsfeld, reiteró las amenazas de su gobierno contra los soldados y oficiales iraquíes, que prefiguran graves violaciones a la Convención de Ginebra. La advertencia del funcionario estadunidense de que si los militares iraquíes no se rinden sin pelear "van a ser perseguidos y castigados" no sólo es estúpida y arrogante, sino que viola las estipulaciones internacionales en materia de prisioneros de guerra.

En función de los hechos expuestos, y en una lógica estrictamente legal y penal, hay sobrados motivos para que un tribunal internacional -la Corte de La Haya, por ejemplo- emprenda el procesamiento de Bush, Rumsfeld, Colin Powell, Tony Blair y demás operadores de la guerra contra Irak. Ayer mismo, el inefable Baltasar Garzón sugería su disposición para un juicio semejante. Y argumentos, ciertamente, no le faltan.

Por desgracia, el peso político, militar y económico de Washington hace impensable por ahora un proceso penal semejante, y el horizonte más probable es, en cambio, el de la impunidad para los agresores de los iraquíes y, en consecuencia, un severo debilitamiento de la legalidad internacional, cuyos únicos violadores sancionables son, a lo que puede verse, Slobodan Milosevic y Saddam Hussein.