Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 17 de marzo de 2003
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Política

Disputan con ejidatarios de Zacatecas la posesión de mil 700 hectáreas

Huicholes piden restitución de tierras

ROSA ROJAS

Huicholes (wirraritari) de San Andrés Cohamiata, Jalisco, lanzaron a las 18:45 horas de ayer un ultimátum de 72 horas a las instituciones del sector agrario de nivel federal y estatales de Zacatecas y de Jalisco para que resuelvan el conflicto que tiene esta comunidad indígena con la ampliación del ejido zacatecano de San José del Refugio, por la posesión de mil 700 hectáreas, que resolvió en favor de este último el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Zacatecas en 1993, informó vía telefónica el comisario de bienes comunales, Florencio López Carrrillo.

Explicó que los wirraritari reunieron todo el ganado de los cuatro ejidatarios de la ampliación y sus familias -unas 30 personas- y entregarán las aproximadamente 250 reses a los representantes de las instituciones agrarias, una vez que hayan dado respuesta a los planteamientos de San Andrés Cohamiata.

El pasado 9 de marzo, en Pajaritos, Zacatecas, durante la reunión de los indígenas tepehuanos de Santa María Ocotán con la titular de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez, por el problema de tierras con el ejido Bernalejo (el cual al día siguiente desalojaron los ejidatarios mestizos por las presiones de los tepehuanos), el propio López Carrillo le entregó a la funcionaria un escrito en el que los huicholes hacían referencia a los problemas que han tenido con la ampliación del ejido San José del Refugio.

Los huicholes denunciaron que los ejidatarios utilizan las tierras para el ganado. Señalaron que después de muchos problemas se firmó un convenio en noviembre de 2002 con el gobierno de Zacatecas para verificar si no hay un error en la sentencia. No se cumplió y el 6 de febrero el gobierno zacatecano pidió un mes más, que ya pasó. Advirtieron que para el 15 de marzo la comunidad determinaría en asamblea dar por cancelado dicho convenio y se exigiría que los ejidatarios zacatecanos que paguen daños y perjuicios a la comunidad

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