"Los carniceros de hoy al servicio del Presidente serán las reses del mañana": Fidel Herrera

Con base en certezas razonables, el IFE ratifica multa histórica al PRI

Por más dudas que haya "todos saben que el dinero fue enviado desde Pemex": Pablo Gómez

MIREYA CUELLAR Y ALONSO URRUTIA

Fue un ajuste de cuentas, un desquite histórico. Mil millones de pesos de multa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por "todos los robos multimillonarios de fondos de la nación". Miguel Angel Yunes entró ufano al salón de sesiones del IFE, pero acababa de ocupar su asiento en el redondel cuando trastabilló. Comenzó a hablar y José Woldenberg lo regañó por desconocer el reglamento de sesiones del consejo; le pidió que esperara turno y se tuvo que callar. Ya no pudo levantar la cabeza.

Esta sesión de consejo, decía el diputado priísta Ranulfo Márquez, es "una revancha", "una catarsis histórica". Pero nada pudieron hacer los del tricolor. "El arma secreta" que presumió Fidel Herrera por la mañana -según esto, lista para ser disparada durante el consejo- nunca apareció. No hubo siquiera un petardazo.

Cien millones de dólares

La correlación de fuerzas en el Consejo General del Instituto Federal Electoral permitió que, a partir de una serie de "certezas razonables" se pudiera dictaminar que el PRI recibió 500 millones de pesos del sindicato petrolero. La tradición dice que la multa es por el doble del monto no declarado a la autoridad electoral. Así que le recetaron mil millones de multa, la más alta de la historia. A ningún partido en ningún lugar del mundo se le ha sancionado así: casi cien millones de dólares.

"Los carniceros de hoy al servicio del Presidente serán las reses del mañana", sentenciaba Fidel Herrera en los pasillos del IFE, afuera del salón de sesiones, porque tuvo que ceder su asiento a Yunes, encargado de la defensa jurídica en el Pemexgate.

Pablo Gómez, representante del PRD ante el IFE, fue el más vehemente en sus acusaciones. Que el PRI dispusiera de los recursos públicos (de los contribuyentes) para financiarse era "natural, consuetudinario, costumbrista". Así que el "hecho histórico es que por primera vez será sancionado por ello". Por más "dudas jurídicas" que pueda haber, "todos en el país saben que el dinero fue enviado desde Pemex". Buscar las firmas de Labastida y Zedillo "es tiempo perdido". Se trata de un acto de "justicia a secas", "un acto testimonial de dignidad. Que venga la multa", clamó Gómez.

"Nos están sancionando con base en prejuicios y suposiciones", intentó revertir Yunes. Jugó a lo largo de la sesión con dos posiciones: la de víctima y la de inquisidor. Ninguna se le dio, pero acusó al IFE de convertirse en un "instrumento del poder", a José Woldenberg de decir mentiras, a Alonso Lujambio de "tibio" frente a las investigaciones contra los Amigos de Fox. Una revoltura de argumentos y actitudes que al final lo llevó a enfocar las baterías contra sus propios compañeros de partido.

Fue así como reclamó a los consejeros que sus "suposiciones" y "certezas razonables" no los llevarán a concluir que los 500 millones de pesos que salieron de Pemex fueron a dar a las dos asociaciones civiles creadas por los amigos de Francisco Labastida. Hizo señalamientos muy precisos. Joel Hortiales y Andrés Heredia -dijo Yunes- eran parte de Impulso Democrático AC. ¡Ah! y Jorge Cárdenas, el secretario de Finanzas de PRI, era también, recordó, secretario técnico de Nuevo Impulso, la otra asociación que se formó en torno a Labastida.

Y es que no hay "pruebas documentales" de que el dinero que salió de Pemex ingresó a las arcas de la campaña priísta, así que pudo haber ido a las asociaciones de los labastidistas, alegó Yunes. El IFE fue atando eslabones, juntando piezas y en el rompecabezas le faltó esa donde se dijera de puño y letra (en una firma sobre un cheque, en un oficio, en un estado financiero) que los dineros se recibieron en Insurgentes y Violeta. Para los consejeros, los documentos firmados por los priístas que recibieron el efectivo en el banco son prueba suficiente de adónde fueron a dar.

"Particular astucia" del PRI

El presidente de la comisión de fiscalización convino entonces en que la manera en que se urdió la trama no revela otra cosa que la "particular astucia" del PRI para cometer el delito.

Woldenberg y Mauricio Merino dijeron no tener dudas sobre el diseño del PRI para llevar adelante la operación: Hubo 68 retiros (de una cuenta del sindicato petrolero) concatenados hasta sumar 500 millones de pesos efectuados en 10 días (del 9 al 20 de junio de 2000) en los que participaban siempre dos personas, es decir, los retiros se hicieron siempre en pareja, y para más señas, los encargados de los retiros, Alonso Veraza, Andrés Heredia y Joel Hortiales, testificaron ante la PGR que llevaron el dinero al PRI.

José Barragán, el único consejero que se abstuvo, consideró que el dictamen estaba ''mal hecho'' y ''mal fundado'', porque nunca prueba que el convenio mediante el cual Pemex le entregó los recursos al sindicato fuera ilegal. Según él, ese era un aspecto que se debió precisar. Y al llamado de Pablo Gómez en el sentido de que nadie debía votar en contra o abstenerse porque lo estaría haciendo ''a costa de su propia dignidad'', Barragán respondió que vivimos en "un estado de derecho, no en un estado político".

Principalmente sobre este asunto gravitó la sesión: la pertinencia política de multar en este momento al PRI. Acosado toda la semana por los señalamientos de encabezar un "operativo de Estado" contra el tricolor, Woldenberg respondió: "el IFE no es un órgano para dispensar indulgencias, en el IFE no hay fobias ni nos colocamos en los zapatos de los adversarios del PRI; hay, eso sí, cumplimiento estricto de la ley, y si cualquier otro actor hubiera cometido esta misma conducta tendría idéntica sanción".

Las pruebas, como techos de cartón

¿Era el momento adecuado para sancionar al PRI?, se escuchaba en corrillos en los pasillos del IFE. El propio Jaime Cárdenas comentó fuera del salón que había "una perversidad política" en eso de los tiempos. Pablo Gómez planteó que era inútil esperar a conseguir nuevas pruebas, porque ''después del desastre priísta del 2 de julio de ese año, los recibos, la contabilidad de más de 500 millones de pesos, es convertida en láminas de cartón para ser repartidas en Ecatepec (...) Las pruebas documentales del gasto no las tiene el IFE ni el Ministerio Público; sirven de techo precario en las viviendas de las víctimas de la corrupción pública".

Jaime Cárdenas objetó algunos aspectos del dictamen por considerar, precisamente, que era importante hacer nuevas indagaciones para poder sancionar al PRI con una multa más alta. Por eso Barragán dijo: ''nos precipitamos''.

¿Por qué no respetar los principios constitucionales de equidad y de igualdad en la contienda sincronizando la solución de las denuncias contra el PAN y el PRI?, ¿por qué violenta y arbitrariamente cerrar la instrucción por acuerdo del presidente del consejo y anunciar la sanción al PRI cinco días antes de las elecciones del estado de México?, cuestionó Miguel Angel Yunes.

Al final el único que terminó defendiendo al PRI fue Gustavo Riojas, de la Sociedad Nacionalista, porque su nuevo aliado electoral, el Verde Ecologista, guardó silencio durante toda la sesión, y Jorge Alcocer, ex colaborador de Francisco Labastida en el PRI y hoy dirigente de Fuerza Ciudadana, ni siquiera se paró por la sesión de consejo.

Convencidos de que el PRI merecía la multa, los consejeros hicieron oídos sordos a las amenazas de apelar ante el tribunal para que ''por enésima vez'' le ''enmiende la plana al IFE'', porque, como diría uno de ellos al final de la sesión, ya sin micrófonos, ''no es buena la venganza, pero sí la desquitanza". O como resumió el consejero Jesús Cantú: "prescindir de las presunciones" del caso podría llevar a la impunidad.