Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 13 de marzo de 2003
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Le pidieron dinero para aprobar las iniciativas de ley, afirma Sánchez Anaya

Denuncia el gobernador de Tlaxcala intento de chantaje de diputados del PRI

Interpondrá controversia constitucional contra el Legislativo por el presupuesto aprobado

LA JORNADA DE ORIENTE

Tlaxcala, Tlax., 12 de marzo. El gobernador Alfonso Sánchez Anaya denunció que diputados locales priístas han tratado de chantajearlo "a través de interpósitas personas", ofreciéndole su voto para sacar adelante las iniciativas que presente ante el Congreso local.

Uno de ellos le solicitó 500 mil pesos "que no acepté darle y, discúlpenme pero no voy a decir sus nombres porque ya bastantes problemas tenemos en la entidad", dijo a los reporteros que intentaban conocer quiénes eran los supuestos chantajistas.

La revelación ocurrió después que más de las dos terceras partes del Congreso local aprobara ajustes por 56.3 millones de pesos al presupuesto de egresos del gobierno estatal para el año 2003, por lo cual Sánchez Anaya no podrá vetarlo de nuevo, como lo hizo con el aprobado el 27 de diciembre pasado por lo que fue regresado al Legislativo para un nuevo análisis.

No obstante, el gobernador anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a más tardar este jueves, una controversia constitucional contra el Legislativo pues consideró que la medida "no conviene al interés de los tlaxcaltecas".

El comentario del supuesto chantaje priísta se produjo después de conocerse también que los 32 diputados se autoasignaron partidas por 110.5 millones de pesos.

Asimismo, se supo que en 2002 cada diputado local habría obtenido, en promedio, un millón 194 mil 324 pesos, de los cuales 807 mil serían gastos no comprobables. Dicha cantidad incluiría, además del salario, apoyos y bonos para gastos de teléfono celular, gasolina y compra de un automóvil, entre otros rubros. En promedio, mensualmente cada legislador habría obtenido 99 mil 527 pesos.

La publicación de estos datos causó malestar entre los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT), quienes rechazaron la propuesta de presupuesto de egresos del Ejecutivo e impusieron -con el apoyo de cuatro perredistas-, una iniciativa de la bancada del PRI que incluye una reasignación para el Legislativo de 30.5 millones de pesos.

La reasignación de 56.3 millones de pesos al proyecto de presupuesto del Ejecutivo "obligará a la administración estatal a realizar ajustes en las metas y objetivos de algunos programas, quizá tengamos que reducir algunas obras que ya estaban contempladas", dijo el Ejecutivo local.

Por su parte, Humberto Alba Lagunas -representante del sector privado- exigió a Sánchez Anaya que, lo antes posible, revele quiénes fueron los diputados priístas que trataron de extorsionarlo y convocó a los partidos políticos y autoridades estatales y municipales a no hacer acusaciones sin fundamento.

A este llamado se sumaron los coordinadores de las fracciones del PRI, PAN y PT, quienes firmaron un pacto de civilidad al que convocó el sector privado con el fin de evitar que el proceso electoral de este año se desarrolle en un ambiente de descalificaciones y agresiones entre los contendientes.

En la firma del convenio, mediante el cual se busca desalentar el abstencionismo y propiciar un voto razonado, participaron los dirigentes partidistas, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del estado, además de algunos directores de medios de comunicación locales.

El vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral, Jesús Lule Ortega, consideró indispensable un pacto de esta naturaleza porque en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales "se dan lagunas que impiden una adecuada vigilancia y fiscalización de los actores políticos en la contienda electoral".

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