Ayer, durante su programa radiofónico Fox contigo, el Presidente de la República sugirió que, de mantenerse los precios extraordinarios del petróleo que actualmente se registran a consecuencia de la guerra que promueve George W. Bush, parte de los ingresos adicionales que captará el gobierno federal podrían ser destinados a la construcción de infraestructura en el campo mexicano.

Esta afirmación, que podría ser interpretada como una forma rápida de afrontar un problema de honda raíz -el rezago histórico del agro nacional-, en el que el actual gobierno se encuentra entrampado y sin visos de lograr una solución pronta, socialmente incluyente y fundada en consensos, tiene un componente ominoso y trágico en ningún modo menor. Tales recursos extraordinarios tienen por origen la tensión generada por la injusta y funesta pretensión de Washington de invadir Irak. Los ingresos sobre los que Fox especula están marcados por el miedo, la desesperanza y la amenaza de muerte que pesa sobre millones de niños, mujeres, hombres y ancianos iraquíes inocentes.

La discreción y la mesura ante las causas de esos eventuales ingresos petroleros se echan de menos en el discurso presidencial. De igual forma, faltan en él propuestas suficientes que muestren una visión de Estado y un compromiso claro con el agro mexicano. Mentar los excedentes resultantes de la tragedia iraquí en momentos en que las principales organizaciones agrarias del país y la mayoría de los campesinos exigen una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una postura solidaria del gobierno federal resulta, al menos, fuera de lugar.

Apenas el viernes se conoció que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, cabildea con tales recursos extras para incrementar los presupuestos de las entidades de la República a cambio del apoyo político de los gobernadores al ya evidente y vergonzante alineamiento del gobierno foxista a los designios militaristas de Bush. Así, con ofertas de "carreteritas" y mayores transferencias a los estados, se pretende contrarrestar la franca y determinada oposición de la gran mayoría de los mexicanos a una guerra injusta y, acaso, capitalizar unas medidas -el apoyo al agro y a las entidades federativas- que son obligación y una de las razones de ser del Estado, de ninguna manera concesión, regalo o moneda de negociación política.

Este sábado, productores del centro del país distribuyeron gratuitamente en la capital 150 toneladas de hortalizas como forma de protesta contra las disposiciones agrícolas del TLC y para denunciar las dificultades que padecen para comercializar los frutos de su tierra. Tal manifestación, de hondo sentido simbólico y social, revela que los campesinos mexicanos no desean especulaciones ni cuentas alegres cargadas de pragmatismo gubernamental, sino la atención de sus legítimas demandas, la plena vigencia de sus derechos y, de una vez por todas, la suscripción de un compromiso en favor del agro nacional que respete la dignidad de sus productores, los proteja de la depredación del capitalismo globalizado, despeje los riesgos de estallidos sociales y permita construir un futuro en el que el campo y quienes lo trabajan dejen de ser el sector más abandonado y marginado del país y se conviertan en promotores y beneficiarios del desarrollo de México, no de la guerra.