Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 18 de febrero de 2003
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Sociedad y Justicia

Se protege a responsables: Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos

Juárez, con más desapariciones en AL

Por motivos políticos, 12 juarenses han sido víctimas de esas acciones, acusa

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih, 17 de febrero. Ciudad Juárez es una de las poblaciones latinoamericanas en las que se registran más casos de personas desaparecidas, situación en la que México tiene el segundo lugar en incidencia de la región, después de Colombia, aseguró Judith Galarza Campos, secretaria ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de Personas Desaparecidas, organización con sede en Caracas, Venezuela.

Según la activista, la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Juárez tiene registrados, de 1993 a la fecha, "más de 300 casos" de desapariciones forzadas y anualmente recibe reportes sobre más de 30 personas cuyos familiares "no vuelven a saber nada de ellas. Pero la cifra es mucho mayor, porque muchas personas tienen temor de presentar la denuncia ante las autoridades policiacas".

Galarza Campos añadió que "las desapariciones afectan por igual a hombres y mujeres y aunque aparentemente no existen vínculos políticos en los casos, detrás de todo esto existe una política de Estado que ha propiciado la impunidad con que se mueven los comandos que 'levantan' a gente joven de la que no se vuelve a saber nada".

Abundó que "en las denuncias que han presentado los familiares de los desaparecidos en el Departamento de Averiguaciones Previas (de la procuraduría estatal) está documentada la participación de personal de corporaciones de los tres niveles de gobierno y hasta hoy nadie ha sido detenido (por estos hechos), lo que muestra una clara protección a los responsables".

Judith Galarza, originaria de Ciudad Juárez, aseguró que en las décadas recientes desaparecieron por motivos políticos 12 ciudadanos juarenses. Abundó que aparte de Miguel Nazar Haro y los militares involucrados en la llamada guerra sucia, deben ser castigados "los represores regionales que siguen vivos y trabajando en empresas de seguridad privada".

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