Señora directora: El 6 de febrero apareció en La Jornada una nota con título "100 millones de pesos menos para los enfermos del sida", en la cual se me responsabiliza, en mi carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de una reducción de 100 millones de pesos en el presupuesto destinado a la prevención y a los enfermos de sida.

La nota no responde a la realidad, pues yo no puedo aumentar o disminuir a mi arbitrio ningún presupuesto de egresos de la federación. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003 para prevenir y controlar el VIH/sida, enviado por el Ejecutivo, proponía 220 millones de pesos.

Con base en las peticiones de la Comisión de Salud, presidida por la diputada panista María Eugenia Galván Antillón y de la Comisión de Equidad y Género, presidida por la diputada priísta Concepción González Molina, se incrementó el presupuesto para combatir el sida en 200 millones de pesos más. El presupuesto para 2003 en ese rubro será de 420 millones de pesos.

Esa cifra puede ser consultada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 y en la Secretaría de Salud, que tiene a su cargo el ejercicio de ese egreso. La afirmación de que se van a ejercer 100 millones de pesos menos no tiene ningún fundamento. En lo personal considero que esos recursos adicionales serán de gran ayuda para aquellos que lamentablemente padecen ese mal.

Atentamente

Diputado Luis Pazos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados

Respuesta de Letra S

Estimada Carmen: Celebro que el diputado Luis Pazos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sea ahora tan claro y contundente en su carta como no lo fue en sus declaraciones. La nota a la que hace referencia se publicó en el número de febrero del suplemento Letra S, Salud, Sexualidad, Sida de este diario.

En sus declaraciones a Letra S se mostró ambiguo y dejó abierta la posibilidad de reajustar el presupuesto aprobado para el VIH/sida por el pleno de la Cámara: "Al principio se pensó que al rubro de sida era al que más se le daba, por lo que era el más fácil de recortar para darle a otros programas".

La voz de alerta sobre el recorte a dicho presupuesto la dio la propia Secretaría de Salud en voz del subsecretario Roberto Tapia Conyer, quien en una reunión con organizaciones civiles de lucha contra el sida advirtió: "No es justo que por presiones políticas se reduzca ese logro presupuestario", y agregó que la postura de la Secretaría de Salud era de "defensa absoluta al presupuesto asignado originalmente".

La pregunta que surgió entonces, y que ahora se responde con la carta de Luis Pazos, era si el presidente de la Comisión de Presupuesto podía disminuir a su arbitrio la cantidad presupuestaria aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. Ahora sabemos que no y que incluso es anticonstitucional hacerlo (Artículo 74, fracción IV).

La única duda que resta es si son 420 o 475 millones (cifra manejada por la propia Secretaría de Salud) los aprobados, porque de ello depende que, después de años de regateo, ahora sí se alcance la cobertura universal de los medicamentos antirretrovirales para tratar al VIH/sida.

Alejandro Brito, director del suplemento Letra S, Salud, Sexualidad, Sida

Aclaración del INAH de Querétaro a comunicado de Marcos

Señora directora: Le solicito sea tan gentil de publicar la siguiente aclaración al comunicado firmado por el subcomandante Marcos, titulado "Junio: Querétaro, la sexta estela", publicado el 11 de febrero, en el que se maneja información inexacta de la zona arqueológica de Toluquilla, ubicado en el municipio queretano de Cadereyta de Montes:

1. No existe, como se afirma en el comunicado, demanda en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la expropiación de los terrenos donde se ubica la zona arqueológica Toluquilla.

2. El INAH no tiene facultades para realizar una expropiación, como se asegura en el texto referido.

3. El 8 de febrero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 16-83-64 hectáreas de agostadero de uso común, en terrenos de la comunidad La Esperanza, municipio de Cadereyta de Montes, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y en beneficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia "para desarrollar proyectos de investigación arqueológica". El decreto expropiatorio estableció una indemnización de 33 mil 673 pesos y 80 centavos por la superficie afectada, a razón de 2 mil pesos por hectárea.

4. En el mismo decreto se establece una indemnización por la afectación de bienes distintos a la tierra por 190 mil 291 pesos y 90 centavos al señor José Arteaga Maqueda, debido a que en el área expropiada se localizaban bardas, cuartos, magueyes y árboles de manzana de su propiedad.

5. El INAH no es la instancia que determina los montos a pagar en una expropiación pues, de acuerdo con la legislación, esa actividad le corresponde a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), que depende de la Secodam.

6. El 24 de noviembre de 1999 las autoridades de Bienes Comunales de la comunidad de La Esperanza interpusieron amparo contra el decreto expropiatorio. El 31 de julio de 2001 el primer juez de distrito A en el estado de Querétaro resolvió en el sentido de negar la procedencia del amparo en lo que se refiere a la pertinencia de la expropiación y al monto de las indemnizaciones. En la misma resolución se establece que "el INAH no puede tener carácter de autoridad responsable en el presente juicio", en virtud de que fue llamado únicamente como tercero perjudicado.

Diego Prieto H., director del Centro INAH Querétaro

Denuncian trabajadores de la DGEI que la SEP incumple acuerdos

Señora directora: Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena, que depende de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEP), suscribimos la presente para informar la problemática que 340 de nosotros enfrentamos ante el abuso de autoridad de la SEP.

Desde el pasado 6 de febrero del año en curso nos encontramos en plantón permanente en Azafrán 486, colonia Granjas México, delegación Iztacalco, donde se ubica nuestra dependencia, como muestra de inconformidad por la disposición oficial de reubicar nuestras oficinas en Obrero Mundial 358, colonia Piedad Narvarte, sin considerar los múltiples perjuicios que nos ocasionan, entre los que destacan que el inmueble no reúne condiciones óptimas de trabajo, seguridad e higiene.

El cambio de domicilio también trae consigo la intención de desaparecer el servicio que proporciona la Dirección General de Educación Indígena, tal y como ha ocurrido en otras dependencias educativas (Telesecundarias y Educación Especial).

Es importante informar que uno de los resultados del plantón que realizamos fue la instalación de una mesa de negociaciones representada por los licenciados Humberto Salazar Herrera y Efraín Pérez Güemez, funcionarios de la SEP, y del antropólogo Rubén Viveros Alvarez, director general de Educación Indígena, así como una comisión representativa de los trabajadores. En la referida mesa de negociaciones se firmó una minuta de acuerdos con fecha 11 de febrero, misma que establece la cancelación de reubicar nuestra dependencia, entre otros puntos de acuerdo; sin embargo, en días pasados la autoridad de la DGEI incumplió con uno de los compromisos relacionado con la suspensión del cambio de domicilio.

Hacemos un llamado a las autoridades de la SEP para que a la brevedad posible den solución a este conflicto, con respeto de todos y cada uno de los acuerdos firmados con los trabajadores.

Francisco de la Cruz Jiménez, Patricia Matus Ortega, Martiniano Cruz Victoriano y 227 firmas más

Exige CEN del SNTSS aclarar muerte de líder sindical en Oaxaca

Señora directora: En relación con la carta publicada el 11 de febrero pasado, firmada por el señor Oscar Martínez García, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social no sólo apoya, sino exige a la autoridad competente el total esclarecimiento de las circunstancias en que perdiera la vida nuestro compañero José Octavio Sánchez Silva, secretario general en funciones de la Sección 28, Oaxaca, y que ha consternado a toda la base militante de nuestro sindicato.

En lo relativo a la auditoría ordenada por el doctor Sánchez Silva a la Tesorería del comité que presidía, fue dada a conocer en forma clara y transparente al pleno del Comité Ejecutivo seccional el 29 de enero de 2003 en Oaxaca, con lo que se cumplieron las normas contables establecidas. Por lo demás, el ordenamiento estatutario establece que la persona que ocupa la Secretaría del Interior seccional se hará cargo de la Secretaría General hasta el final del periodo.

Félix Perusquia Castillo, secretario de Prensa